Crece la preocupación en Santa Cruz de Tenerife por el anteproyecto de ley de arrendamiento turístico

La Junta de Gobierno de Santa Cruz, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, fue informada esta mañana de los informes remitidos por parte de los servicios municipales, en forma de alegaciones, al Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, más conocido como alquiler vacacional, aprobando su remisión a la consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias para su toma en consideración, “toda vez que entendemos que hay algunas cuestiones trascendentales para nuestro municipio que deben delimitarse de mejor manera en este anteproyecto de ley”, apunta el regidor.

Bermúdez considera que “entre las principales alegaciones presentadas destacan la dificultad que observamos para aplicar la zonificación en el planeamiento pretendida en el anteproyecto, además de la falta de previsión sobre cómo afecta el uso turístico de viviendas a la movilidad sostenible” y añade que “a lo que se suma a la necesidad de garantizar la suficiencia financiera su aplicación mediante la transferencia de fondos a las entidades locales que permitan afrontar los costes derivados de las modificaciones a realizar en los instrumentos de planeamiento y de las nuevas funciones a asumir por los ayuntamientos”.

Entre las alegaciones tiene especial relevancia la que plantea que “la transformación de áreas inicialmente destinadas a uso residencial hacia un uso turístico intensivo plantea una problemática significativa, de la misma manera que la conversión de establecimientos turísticos en áreas originalmente designadas para uso residencial”, considera el alcalde, que entiende que “esto se debe a que el modelo de movilidad asociado a cada tipo de uso de suelo experimenta cambios importantes”.

“Precisamente por esto -define el alcalde Bermúdez-, cuando una zona residencial se convierte en un destino turístico intensivo, el flujo de personas, vehículos y servicios aumenta considerablemente, lo que puede sobrecargar la infraestructura existente y causar congestión en las vías de acceso y en el transporte público” y añade que “algo que sucede al revés si una zona turística se transforma en residencial, ya que puede originar una disminución de la demanda de servicios turísticos y, por lo tanto, alterar el flujo de personas y vehículos en la citada zona”.

Desde el punto de vista del Servicio de Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento se estima que el anteproyecto de ley debería incluir en su cuerpo normativo articulado la garantía de que las administraciones competentes desarrollen una planificación y regulación adecuadas en materia de movilidad frente a cambios de usos de suelo, ya sea de residencial a turístico o viceversa.

Zaida González, concejala de Urbanismo, plantea entre las alegaciones remitidas a la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que “es muy significativa la que tiene que ver con la sostenibilidad financiera para la aplicación de la ley, ya que el anteproyecto otorga un gran protagonismo al planeamiento urbanístico como principal herramienta para ordenar el uso turístico de viviendas en los municipios” y añade que “la zonificación que se pretende incorporar al planeamiento comporta modificaciones de los instrumentos de ordenación vigentes, lo que conlleva un importante esfuerzo económico para los ayuntamientos”.

Bermúdez recuerda que “la ley de municipios de Canarias se define la necesidad de contar con suficiencia financiera ante la asunción de nuevas competencias que las leyes atribuyan como propias a los municipios y que supongan, tal y como entendemos que es el caso, cargas económicas adicionales” y concluye asegurando que “para la aplicación de la ley el anteproyecto debe entender que debe llevar aparejados los correspondientes traspasos de recursos y medios de la Comunidad Autónoma”.