Miércoles 20/09/2017. Actualizado 01:00h

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El Confidencial Autonómico

Barreda pretende asegurarse el sueldo aunque pierda las elecciones a través de una Ley que ‘premia’ a ex presidentes de la Junta. El PP la ha recurrido

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Las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha serán las más reñidas en la historia de la región. El PSOE tiene serias posibilidades de perder, pero José María Barreda ya sabe cómo asegurarse unos buenos emolumentos. El presidente de la Junta quiere beneficiarse de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que supondrá, según afirman voces autorizadas del PP consultadas por El Confidencial Autonómico, "una jubilación de oro para José María Barreda". Con la nueva ley, el dirigente regional recibiría, en caso de no revalidar el cargo, 5 millones de euros, con gastos cubiertos de despacho, secretaría, coche oficial, conductor y seguridad, así como un sueldo de más de 62.000 euros anuales durante trece años. Por este motivo, el Partido Popular ha propuesto modificar la legislación, tomando medidas de cara al ahorro en las cuentas públicas a beneficio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, esperando que "las Cortes y el mismo Barreda sean sensibles, en medio de la situación dramática que económicamente atraviesa la región". El PP presentará un proposición parlamentaria en la que se pedirá la derogación de la Ley conforme a la cual se establece que los ex presidentes de Castilla-La Mancha tienen derecho, durante un período equivalente al tiempo de desempeño del cargo de presidente a "una secretaría de apoyo, dotada con dos personas; un local de oficina con los medios adecuados; un conductor; un automóvil de representación perteneciente al parque móvil de la Junta de Comunidades y un Servicio de seguridad y protección personal". Otro de los apartados que se pretenden derogar, hace referencia a que "los gastos generados por los medios puestos a disposición de los ex presidentes se atiendan con el Presupuesto de la Comunidad Autónoma". Asimismo, la proposición lleva consigo que los miembros del Consejo de Gobierno en quienes concurra la condición de diputado regional, presenten sus declaraciones de renta, de bienes y de intereses ante el Parlamento Regional.

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