Martes 26/09/2017. Actualizado 01:00h

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Andalucía

La juez Alaya amplía la investigación sobre los cursos de formación a todas las ayudas concedidas por la Junta

Andalucía

Ya no sólo requiere documentación de las subvenciones que se repartieron a UGT, sino también a CC.OO., a la patronal y a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo

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Tras estallar en diciembre el nuevo escándalo del fraude en los cursos de formación en Andalucía, la Guardia Civil registró la sede de la Unión General de Trabajadores para investigar este supuesto caso de malversación. Ahora, la juez de Sevilla Mercedes Alaya ha ampliado las pesquisas a todas las ayudas concedidas por la Junta a entidades y empresas para los cursos dirigidos a personas desempleadas.

Agentes de la Guardia Civil sacan documentos del registro de la sede de UGT en Sevilla, a finales de diciembre. Agentes de la Guardia Civil sacan documentos del registro de la sede sevillana de UGT en diciembre.

Ante la falta de colaboración del gobierno andaluz, la magistrada envió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita a la Consejería de Educación a registrar y recoger toda la documentación vinculada a los cursos de formación.

Fuentes judiciales han confirmado a El Confidencial Autonómico que la orden de Mercedes Alaya se refiere a la revisión no sólo de las subvenciones a UGT destinadas a los cursos de formación: la juez de instrucción va a inspeccionar todas las ayudas concedidas, también al sindicato Comisiones Obreras, a la patronal Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y a centros privados dedicados a la formación de parados.

Tres días de registro en la Consejería de Educación

Desde que ordenó los registros, los agentes de la Guardia Civil han dedicado tres días a inspeccionar las dependencias de la Dirección de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación en Sevilla.

La magistrada abre así la investigación iniciada después de que la Cámara de Cuentas de Andalucía detectase subvenciones sin justificar por un montante de 49,5 millones de euros concedidos a Faffe, así como los pagos del sindicato UGT a Juan Lanzas, “conseguidor ugetista” de los ERE fraudulentos.

Paralelamente al registro de la Guardia Civil en las dependencias de la Junta de Andalucía, el consejero de Educación Luciano Alonso comparecía ante la comisión informativa del Parlamento andaluz donde admitía su desconocimiento de la documentación requisada en las dependencias de la administración autonómica, rechazando la acusación del PP de obstrucción a la Justicia.

Alonso señaló que la colaboración con la juez Alaya es "total" y acusó a los populares de fomentar "una campaña de desprestigio contra la Junta, la instituciones, los sindicatos y las empresas de formación". El PP, por su parte, reclamó del consejero el contenido de los documentos, la cuantía y el concepto, en especial, el expediente en el que consta que cobró el marido de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Los imputados guardan silencio

Mientras, en el juzgado número 6 de Sevilla, la juez Mercedes Alaya prosigue con las pesquisas en torno al caso de los falsos Expedientes de Regulación de Empleo mientras cierra la investigación sobre la agencia IDEA, organismo que validaba los convenios firmados por la Dirección general de Trabajo y abonaba las ayudas irregulares concedidas.

Hasta la fecha, quince imputados, todos antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, han comparecido ante la magistrada y todos se han acogido a su derecho a no declarar. “Sería un suicidio declarar”, explica a El Confidencial Autonómico un abogado que representa a un acusado de los ERE, para justificar la estrategia de las defensas.

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