Miércoles 23/08/2017. Actualizado 21:13h

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Andalucía

La Junta no exige a UGT los justificantes de las subvenciones para cursos de formación que sí tienen que entregar las empresas

Andalucía

El gobierno regional lleva desde septiembre de 2013 revisando todas las ayudas concedidas para organizar los seminarios salpicados por el escándalo de corrupción

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La investigación de la Fiscalía de Málaga sobre el uso de las subvenciones para cursos de formación a parados en Andalucía ha destapado un gran caso de supuesta malversación de fondos públicos en favor de partidos políticos, sindicatos, patronales y empresas privadas. El prólogo de esta gran operación fue la investigación sobre irregularidades de UGT en la utilización de dinero de la Junta.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz (izquierda), con la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla (derecha). La presidenta de la Junta, Susana Díaz, con la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla.

A pesar de que la Unión General de Trabajadores fue la primera entidad sobre la que recayó la sospecha de la corrupción por estos curso de formación, la Junta de Andalucía no ha cortado el grifo al sindicato “hermano” del PSOE.

De hecho, el gobierno andaluz tiene paralizadas todas las ayudas para estos cursos, excepto las que recibe UGT, a pesar de que un juzgado de Sevilla mantiene abierta una investigación en torno a una presunta trama del sindicato para lucrarse con facturas falsas, muchas de ellas relacionadas con los cursos de formación.

La congelación de las subvenciones fue una decisión que tomó el ejecutivo autonómico de José Antonio Griñán en el año 2011. En septiembre de 2013 fue cuando comenzó a revisar todas las ayudas concedidas a empresas, organismos y entidades para realizar estos cursos de formación.

UGT se salva de tener que justificar los gastos

En ese proceso de revisión, la Junta ha exigido a las empresas, organismos y entidades beneficiarias que justifiquen con documentación el gasto correcto de todo el dinero recibido para organizar los cursos.

Sin embargo, El Confidencial Autonómico ha podido saber que también aquí ha habido una excepción, y de nuevo esta excepción ha beneficiado a UGT: al sindicato socialista, la Junta de Andalucía no le ha exigido los justificantes que detallen cómo gastó las subvenciones públicas recibidas para organizar seminarios a desempleados.

Fuentes del gobierno andaluz y de la Cámara de Cuentas regionales confirman que, hasta la fecha, la central sindical que actualmente dirige Carmen Castilla no ha tenido que que presentar ningún documento para justificar el uso del dinero público recibido para los cursos de formación.

Atasco en la revisión de las ayudas de la Junta

Por ahora, la Junta de Andalucía ha tramitado 480 requerimientos de documentación a entidades que recibieron ayudas y ha reclamado la devolución, total o parcial, de 56 subvenciones. Para reforzar la investigación ha contratado a más de medio centenar de interinos.

La investigación desarrollada por la Policía Nacional bajo el nombre de ‘Operación Edu’ que ha destapado un fraude multimillonario de ayudas públicas para cursos de formación en la provincia de Málaga pone en riesgo el futuro de las 2.000 empresas del sector, según estimaciones de la patronal CECAP, que aglutina a medio millar de empresas de formación en Andalucía.

El ejecutivo que ahora preside Susana Díaz debe más de 40 millones de euros en concepto de ayudas y mantiene más de 5.000 expedientes sin resolver. Dedica una media de cuatro años a estudiarlos, revisarlos y liquidarlos, lo que provoca serios problemas de liquidez a las empresas que se dedican a la formación al amparo de la Junta de Andalucía.

El terremoto político generado por la investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial ha puesto de relieve que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mantiene miles de expedientes sin revisar por un montante superior a los 630 millones de euros.

Algunos de los expedientes, anteriores a 2007, de un total de 70 millones de euros están a punto de prescribir, según la información facilitada por el SAE a la Cámara de Cuentas de Andalucía. El gobierno andaluz ha repartido en el periodo 2007-2013 más de 2.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, fondos destinados exclusivamente para cursos de formación para desempleados.

A pesar de que la Unión General de Trabajadores fue la primera entidad sobre la que recayó la sospecha de la corrupción por estos curso de formación, la Junta de Andalucía no ha cortado el grifo al sindicato “hermano” del PSOE.

De hecho, el gobierno andaluz tiene paralizadas todas las ayudas para estos cursos, excepto las que recibe UGT, a pesar de que un juzgado de Sevilla mantiene abierta una investigación en torno a una presunta trama del sindicato para lucrarse con facturas falsas, muchas de ellas relacionadas con los cursos de formación.

La congelación de las ayudas fue una decisión que tomó el ejecutivo autonómico de José Antonio Griñán en el año 2011. En septiembre de 2013 fue cuando comenzó a revisar todas las ayudas concedidas a empresas, organismos y entidades para realizar estos cursos de formación.

UGT se salva de tener que justificar los gastos

En ese proceso de revisión, la Junta ha exigido a las empresas, organismos y entidades beneficiarias que justifiquen con documentación el gasto correcto de todo el dinero recibido para organizar los cursos.

Sin embargo, El Confidencial Autonómico ha podido saber que de nuevo ha habido una excepción, y de nuevo esta excepción ha beneficiado a UGT: al sindicato socialista, la Junta de Andalucía no le ha exigido los justificantes que detallen cómo gastó las subvenciones públicas recibidas para organizar seminarios a desempleados.

Fuentes del gobierno andaluz y de la Cámara de Cuentas regionales confirman que, hasta la fecha, la central sindical que dirige Carmen Castilla no ha tenido que que presentar ningún documento para justificar el uso del dinero público recibido para los cursos de formación.

Atasco en la revisión de las ayudas de la Junta

Por ahora, la Junta de Andalucía ha tramitado 480 requerimientos de documentación a entidades que recibieron ayudas y ha reclamado la devolución, total o parcial, de 56 subvenciones. Para reforzar la investigación ha contratado a más de medio centenar de interinos.

La investigación desarrollada por la Policía Nacional bajo el nombre de ‘Operación Edu’ que ha destapado un fraude multimillonario de ayudas públicas para cursos de formación en la provincia de Málaga pone en riesgo el futuro de las 2.000 empresas del sector, según estimaciones de la patronal CECAP, que aglutina a medio millar de empresas de formación en Andalucía.

El ejecutivo, que debe más de 40 millones de euros en concepto de ayudas, mantiene más de 5.000 expedientes sin resolver. Dedica una media de cuatro años a estudiarlos, revisarlos y liquidarlos, lo que provoca serios problemas de liquidez a las empresas que se dedican a la formación al amparo de la Junta de Andalucía.

El terremoto político generado por la investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial ha puesto de relieve que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mantiene miles de expedientes sin revisar por un montante superior a los 630 millones de euros.

Algunos de los expedientes, anteriores a 2007, de un montante de 70 millones de euros están a punto de prescribir, según la información facilitada por el SAE a la Cámara de Cuentas de Andalucía. El gobierno andaluz ha repartido en el periodo 2.007-2.013 más de 2.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, fondos destinados exclusivamente para cursos de formación para desempleados.

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