Jueves 21/09/2017. Actualizado 01:00h

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Andalucía

Según un recuento del PP regional

Uno de cada cinco diputados del PSOE en el Parlamento de Andalucía está salpicado por la corrupción

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Susana Díaz y otros ocho representantes socialistas de los 47 que tiene el grupo están imputados o han sido señalados en distintas investigaciones

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Los casos de corrupción como el de los ERE fraudulentos es uno de los mayores lastres que tiene que soportar el PSOE andaluz desde hace varios años. Aunque muchos de los políticos implicados han dejado cargos como los de consejero de la Junta, algunos continúan sentados en el Parlamento regional.

Bancada socialista en el Parlamento de Andalucía. Bancada socialista en el Parlamento de Andalucía.

En su fulgurante carrera tras convertirse en presidenta de Andalucía y la dirigente territorial más poderosa del PSOE, Susana Díaz ha intentado desmarcarse de los casos de corrupción que implican a los socialistas en esta comunidad autónoma.

Por ejemplo, ha intentado marcar distancias con los sindicatos, incluida UGT, por el escándalo de los cursos de formación. Su exigencia de que devuelvan el dinero irregularmente gastado y su discurso duro le ha llevado a un enfrentamiento con las centrales sindicales, que incluso se plantean contraatacar con acciones judiciales.

Además, como ya contó El Confidencial Autonómico, Díaz se ha propuesto no dejar pasar ninguna acusación que se haga desde el PP para vincularla con alguna de las tramas de corrupción que afectan al PSOE y a la Junta de Andalucía, y ha dado orden a su equipo para responder con querellas a las acusaciones.

La firma de Susana Díaz en un convenio con UGT

Aunque la nueva estrategia de Juan Manuel Moreno Bonilla pasa por no atacar únicamente al PSOE y a Susana Díaz por la corrupción, en el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía llevan buena cuenta del número de implicados que hay en la bancada de enfrente.

Fuentes del PP andaluz explican a ECA que nueve de los 47 diputados socialistas de la cámara autonómica están salpicados en mayor o menor medida en casos de corrupción. Es decir, prácticamente uno de cada cinco representantes del PSOE se han visto involucrados en alguna investigación judicial.

Los populares señalan entre esos nueve diputados a la actual presidenta, Susana Díaz: “No hay que olvidar que su firma aparece en un convenio junto a la del ex tesorero detenido de UGT”. Se trata del famoso convenio por el que el sindicato y el PSOE compartían casas del pueblo para organizar los cursos de formación que están en el punto de mira de la justicia por ser, presuntamente, una vía de financiación irregular de la Unión General de Trabajadores.

Lo firmaron por UGT Federico Fresneda, ex tesorero detenido en el marco de una operación contra la corrupción del sindicato; Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT Andalucía dimitido por los escándalos; y la por entonces secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz.

Además, las fuentes del Partido Popular de Andalucía consultadas añaden que Díaz ocupaba también la secretaría de Organización de los socialistas andaluces en los años en que, según la juez Alaya, la empresa Fitonovo pagó al PSOE “mordidas” por un total de 123.000 euros a cambio de conseguir contratos con el ayuntamiento de Sevilla.

Cinco ex consejeros imputados por los ERE

El caso de corrupción con más implicados entre el Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía es el de los ERE fraudulentos. Tal y como señalan desde el PP regional a El Confidencial Autonómico, en la bancada del PSOE se sientan cinco diputados que están imputados en este sumario judicial, o preimputados por Alaya a la espera de que otros órganos judiciales decidan si los investigan. Los cinco, además, fueron consejeros de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Es el caso de Manuel Recio, consejero de Empleo entre 2010 y 2012, y de Mar Moreno, consejera de Presidencia entre esos mismos años. Moreno y Recio comparten escaños con Antonio Ávila, que dirigió la Consejería de Economía e Innovación también en ese intervalo de tiempo y también está preimputado.

Además, desde el PP andaluz recuerdan que Ávila ha tenido que declarar ante el juez que investiga el ‘caso Bahía Competitiva’ -desvío de fondos públicos destinados a industrializar la Bahía de Cádiz-, debido a que su antecesor en la consejería, Francisco Vallejo, aseguró que fue Ávila quien aprobó el reparto de ayudas públicas.

El propio Vallejo (consejero de Innovación entre 2004 y 2009) declaró como testigo en ese caso, está imputado por el caso de los ERE y además estuvo a punto de ser también imputado en el ‘caso Invercaria’ (malversación de dinero de una empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía), después de que tanto el ex director de Invercaria señalara directamente a él y a la ex consejera de Cultura Rosa Torres (también diputada pero que no ha sido todavía llamada por el juez) como los responsables de la decisión de invertir en una de las empresas implicadas.

La quinta ex consejera imputada por los ERE y que se mantiene en su escaño del Parlamento andaluz es Carmen Martínez Aguayo, responsable de Economía entre 2009 y 2010 y de Hacienda entre 2010 y 2013. Martínez Aguayo recibió los informes de la Intervención de la Junta en los que se advertía de que el sistema de ayudas a las prejubilaciones y ERE podía dar lugar a fraudes, pero la consejera asegura que nunca los trasladó a Griñán.

Además, su firma figura en la orden de cesión al ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) de una parcela, regalada a su vez a Ángel Rodríguez de la Borbolla -ex alcalde socialista de otro pueblo y hermano del ex presidente de la Junta- para levantar con las ayudas de los ERE una fábrica que nunca existió.

Los cinco ex consejeros han sido señalados por la juez Alaya por este caso; al ser diputados en el Parlamento de Andalucía, están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que decidirá si los juzga por estos hechos.

Otros tres diputados señalados

Además de estos cinco preimputados en los ERE y de Susana Díaz, el PSOE andaluz tiene otros tres diputados regionales que se han visto involucrados en las investigaciones de distintos casos de corrupción.

El más reciente es el caso de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis: su nombre aparece en la trama del ‘caso Fitonovo’, ya mencionado anteriormente. La empresa Fitonovo tenía apuntadas entregas de dinero por 126.000 euros que según la juez Alaya fueron al Partido Socialista. Las entregas se realizaron en el Bar Maera del barrio sevillano de Triana: según el dueño del local, el dueño de Fitonovo se reunía allí con varias personas, entre ellas Alfonso Rodríguez, que fue concejal en Sevilla y mano derecha del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín.

En cuanto a José Caballos, su hijo Jesús trabajó en Marco de Estudios, una de las empresas que Alaya investiga dentro de la trama de los ERE y que recibió 90.000 euros de la Junta (en esa misma empresa trabajó la hija de José Antonio Viera, otro socialista imputado). Jesús Caballos está vinculado, según explican fuentes populares a El Confidencial Autonómico, con otras empresas cárnicas de la Sierra Norte de Sevilla, epicentro de la red de los ERE.

El último de los nueve diputados del PSOE en el Parlamento de Andalucía que está vinculado con casos de corrupción, según el recuento que hacen desde el Partido Popular, es Carmelo Gómez. Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enviado a Alaya señala que Gómez -que además de diputado regional también es secretario de Economía en la ejecutiva del partido que lidera Susana Díaz- estuvo a sueldo de una empresa pantalla de Juan Lanzas, conseguidor de los ERE fraudulentos, aunque en realidad el ahora diputado cobraba sin prestar servicio alguno.

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