Martes 19/09/2017. Actualizado 01:00h

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Andalucía

Los agentes de Policía de Huelva se rebelan contra sus mandos. Les acusan de no actuar correctamente ante un reciente aviso de bomba en el que hubo que desalojar a 3.500 jóvenes

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La unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía en Huelva lleva varios meses en una situación complicada: además de denunciar una falta de medios y de presupuesto, un incidente que tuvo lugar el pasado 27 de julio en la Aldea del Rocío ha hecho saltar las alarmas. Dos agentes tuvieron que gestionar un aviso de bomba en un recinto con 3.500 jóvenes sin que ningún mando superior se personase en el lugar.

Según explican a El Confidencial Autonómico, desde el sindicato policial han solicitado formalmente y por escrito el cese del jefe provincial de la Unidad del CNP adscrita a la Junta por lo que consideran una “nefasta gestión”. Le hacen responsable de permitir “desigualdades y discriminaciones” que crean un ambiente laboral “nada recomendable”.

El 27 de julio tuvo lugar en la Aldea del Rocío una celebración del Año Jubilar que reunió a unos 3.500 jóvenes. “Hubo una amenaza de bomba”, relatan desde el SUP, que fue “profesionalmente controlada por los dos funcionarios policiales” que se encontraban allí. Definen su labor como “coherente, profesional y muy eficaz”, por lo que han pedido que se les tenga en cuenta para ingresar en la Orden del Mérito Policial.

Indican que los dos agentes desalojaron y acordonaron el recinto y también localizaron el artefacto que supuestamente iba a explosionar. Era “un robot de cocina” que habían depositado “en uno de los confesionarios de la Ermita del Rocío”. Se generó una “gran alarma” que afortunadamente quedó en un suceso controlado y sin consecuencias.

Los agentes critican que ante esta situación de “máxima alerta” el jefe provincial de la unidad onubense “no se personó en ningún momento” en el lugar de los hechos; ni para “interesarse” ni “coordinar o colaborar” con los agentes a sus órdenes.

Han recogido esta denuncia en la misiva que han enviado tanto a la jefatura central de la CNP, en Sevilla, como a las direcciones de Interior, Emergencias y 112 y a la consejería de Justicia e Interior de la Junta andaluza. Su objetivo es que se depuren responsabilidades y se tomen las correspondientes decisiones disciplinarias.

Quejas continuadas

El cometido de esta sección de la Policía Nacional debe ser la protección de los altos cargos de la Junta de Andalucía y la custodia de los edificios públicos.

Sin embargo, y tal y como contó ECA, los agentes dependientes de la Junta llevan varios meses denunciando que se les ha relegado a actuar como vigilantes en los edificios públicos y a llevar a cabo traslados de menores. Para esta última tarea cuentan con un vehículo en muy mal estado.

De acuerdo con los afectados, esa situación de “olvido institucional” afecta a “570 funcionarios de las ocho provincias andaluzas”. Se quejan del mal estado de la flota de vehículos, de retrasos en los pagos pendientes y critican que el Gobierno regional no atiende sus reivindicaciones.

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