Susana Díaz podría prescindir de Valderas, Cortés y Rodríguez

Los consejeros de IU comprometen gasto público ante el adelanto electoral en Andalucía

Estos movimientos aumentan la desconfianza del PSOE: la Consejería de Hacienda está revisando con lupa cada pago

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el vicepresidente, Diego Valderas.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el vicepresidente, Diego Valderas.

El adelanto de las elecciones en Andalucía podría provocar el inmediato cese de los tres consejeros de Izquierda Unida en el gobierno de Susana Díaz. La presidenta andaluza tiene intención de prescindir de Elena Cortés (Vivienda), Rafael Rodríguez (Turismo) y Diego Valderas (vicepresidente) para evitar que continúen en funciones en el seno del gobierno.

Susana Díaz aprovecharía esta remodelación de su gobierno para situar ante la opinión pública andaluza a Izquierda Unida como responsable de la decisión de adelantar las elecciones autonómicas.

El Confidencial Autonómico ha podido saber que los consejeros que IU tiene en el gobierno andaluz, conscientes de esta previsible maniobra de la presidenta, han acelerado decisiones ejecutivas que están comprometiendo gastos con cargo a los presupuestos de este año.

Así por ejemplo, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha firmado la reactivación de ayudas para 2015 dirigidas a ONG, en concreto 25 millones de euros, para proyectos de cooperación internacional, blindando el presupuesto para este ejercicio económico.

En el resto de departamentos bajo control de IU también se han empezado a adelantar proyectos comprometiendo el gasto público ante la previsible retirada de competencias en amplias parcelas de poder en la Junta de Andalucía.

Hacienda (PSOE) ordena limitar los pagos

Los movimientos de los consejeros de Izquierda Unida han ampliado aún más el clima de desconfianza entre los aún socios del gobierno andaluz. Fuentes del ejecutivo andaluz señalan a ECA que la Consejería de Hacienda habría dado órdenes para limitar la autorización de los pagos de la Tesorería de la Junta a las consejerías que están en manos de IU.

Incluso se están revisando con lupa todos y cada uno de los gastos comprometidos y abonados por Izquierda Unida desde el inicio de la presente legislatura que ahora parece abocada a terminar.

Las consejerías gestionadas por la coalición de izquierdas cuentan con un presupuesto cercano a los mil millones de euros. Destaca la consejería de Fomento y Vivienda, que cuenta para 2015 con un total de 712.160.909 euros. Le sigue la consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en manos de Diego Valderas, con un total de 158.821.549 euros. Finalmente, la consejería de Turismo y Comercio, cuyo titular es Rafael Rodríguez, cuenta con un presupuesto aprobado de 158.821.549 euros.

IU protesta por el reparto de la Cámara de Cuentas

En el proceso de negociación interna de los Presupuestos Generales de Andalucía para 2015, aprobados sin mayores reparos por IU, la coalición de izquierdas mostró su interés por formar parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscaliza la gestión financiera, contable y económica de los fondos públicos andaluces, así como todas las subvenciones, préstamos, avales y ayudas concedidas por la Junta a cualquier persona física o jurídica, tanto pública como privada.

Un interés que finalmente no tendrá la respuesta deseada debido a un pacto de última hora alcanzado entre PSOE y PP a través del cual ambas formaciones políticas se repartirán los cargos de representación en la Cámara de Cuentas dejando fuera a IU.

 

El último pleno del parlamento andaluz de la presente legislatura, convocado de manera extraordinaria para este próximo lunes, procederá a la renovación de los cuatro miembros del órgano fiscalizador andaluz donde no estarán presentes los socios del gobierno andaluz. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha pedido la retirada de este punto del orden del día y ha amenazado con acudir a los tribunales al considerar que se trata de un “acto ilegal”.

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