Sábado 10/12/2016. Actualizado 01:00h

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Andalucía

Y ahora qué. Las penurias legales y financieras que le esperan al jubilado gaditano que se hizo con todo un bloque de 225 pisos de la promotora Aifos

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Tras la alegría de convertirse en el único dueño de las 225 viviendas pertenecientes a un bloque embargado a la promotora Aifos, Benito González se ha encontrado con la dura realidad: debe hacer frente a unos gastos que él miso no se esperaba cuando acudió a la subasta. Tal y como adelantó El Confidencial Autonómico, la empresa constructora Aifos, implicada en el 'caso Malaya', incumplió el acuerdo contractual de hacer entrega de las llaves de un bloque de edificios en Cádiz para 2007. Los clientes, que había invertido 50.000 euros cada uno, llevaron a cabo varias denuncias, la primera de ellas de Benito González. Una vez confirmado el embargo, se llevó a cabo una subasta a la que acudió solamente el primer denunciante, que se convirtió así en el dueño de las 225 viviendas del edificio. Aunque González era consciente de la necesidad de reunirse con el resto de clientes para llegar a un acuerdo, y también de la deuda de 20 millones de euros que Aifos dejó a una entidad financiera, no contaba con hacer frente a estos: -- Si no cumple con los plazos y requisitos establecidos en la subasta, el banco dueño de la hipoteca de 20 millones de euros puede volver a realizar otro embargo, tal y como afirma el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: "Cuando el acreedor en el plazo de 20 días no hiciere uso de esa facultad se procederá al alzamiento del embargo a instancias del ejecutado". -- Una vez que obtenga el auto de adjudicación, deberá pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que supone un 7% sobre el valor del inmueble. -- Después de hacer frente a la deuda de más de 20 millones de euros, Benito González deberá pagar todas las gestiones de documentación necesaria y el título para llevar a cabo el Registro de la Propiedad. -- Además, para realizar todos estos trámites, necesitará los servicios de un abogado, cuyos emolumentos "no serán precisamente baratos", según adelantan fuentes del sector inmobiliario.