Ecologistas de ultraderecha denuncian a Belloch ante el fiscal anticorrupción por privatizar una depuradora de Zaragoza

Hispania Verde y Movimiento Social Republicano exigen que se investigue la adjudicación de la estación de aguas residuales por parte del equipo de gobierno de PSOE, Chunta e Izquierda Unida

Banderas de España y de Hispania Verde.
Banderas de España y de Hispania Verde.

Al alcalde de Zaragoza y a sus aliados en el gobierno municipal de la capital de Aragón les puede amenazar un proceso judicial por la adjudicación de la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. El fiscal anticorrupción ha recibido una denuncia supuestas maniobras fraudulentas por parte de la asociación ecologista Hispania Verde, ligada al partido de ultraderecha Movimiento Social Republicano.

A finales de mayo, la empresa pública que gestiona el saneamiento y la depuración de aguas en Zaragoza, Ecociudad, suscribió un crédito de 20 millones de euros con el Banco Santander para saldar una deuda con el ayuntamiento de la ciudad y para poder mantener el contrato de gestión de la planta depuradora de aguas residuales, adjudicado a la empresa Veólia.

Este proceso es el que ha llamado la atención de Hispania Verde, una asociación ecologista estrechamente ligada al partido neonazi Movimiento Social Republicano. Precisamente en Zaragoza Movimiento Social Republicano se ha hecho notar en los últimos tiempos, con la ocupación de un bloque de pisos para hacer, al más puro estilo okupa, un "hogar social" que ha provocado la reacción alarmada de organizaciones de izquierda.

Según ha podido comprobar El Confidencial Autonómico, hace varias semanas llegó al fiscal anticorrupción de Zaragoza una denuncia por esa planta depuradora firmada por dos destacados miembros de Hispania Verde y Movimiento Social Republicano en la capital aragonesa: Francisco Javier Bueno, delegado en Aragón de MSR, y Jesús Vallés, dirigente de Hispania Verde que fue número dos en una candidatura municipal, Grupo Verde, que según varias denuncias era una “lista blanca” de este partido ultra.

Maniobras fraudulentas y financiación de partidos

En el texto remitido al fiscal anticorrupción, Hispania Verde señala directamente a los máximos responsables del gobierno municipal de Zaragoza, empezando por el alcalde, el socialista Juan Alberto Belloch. También denuncian a José Luis Soro, presidente de Chunta Aragonesista, y al portavoz de Izquierda Unida en el pleno, José Manuel Alonso. CHA e IU son socios del PSOE desde 2011.

Según la asociación ecologista de ultraderecha, “el alcalde y los dos concejales son responsables de endeudar a los zaragozanos en beneficio de una multinacional extranjera que está exprimiendo las arcas públicas”.

Su razonamiento es el siguiente: el ayuntamiento de Zaragoza, a través de la empresa 100% propiedad municipal, se endeuda en 20 millones de euros para transferir fondos a Veólia, una de las dos empresas de la UTE que gestiona la estación depuradora de aguas residuales de la ciudad.

Encima, lo hacen pidiendo un crédito al Banco Santander, “la entidad financiera con la que diversos partidos políticos del equipo de gobierno municipal de Zaragoza mantienen relaciones diversas de créditos, deuda viva y condonaciones, contraídas para financiar a los partidos PSOE, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida”.

Por todo este entramado que los dirigentes de Hispania Verde y Movimiento Social Republicano definen como “maniobras fraudulentas, deudas, servidumbres y expolio a los vecinos”, la denuncia pide a la Fiscalía Anticorrupción que investigue tanto los créditos a los partidos políticos municipales como la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza con la empresa Veólia y el proceso de adjudicación de la gestión de la planta depuradora.

Y es que actualmente el consistorio que dirige Juan Alberto Belloch debe 4 millones de euros a la adjudicataria. “El objetivo final de todos estos actos desleales e ilegales no es otro que el de privatizar el abastecimiento de agua de Zaragoza y su contorno que serían adjudicados a Veólia para saldar las deudas impagables generadas por la adjudicación”, se puede leer en la denuncia de los ultraderechistas, que expresas sus sospechas de que el endeudamiento acabe con una total privatización del agua de la capital de Aragón.

 

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