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La Plataforma per la Llengua pide que el catalán sea lengua obligatoria y vehicular en los colegios de la Franja de Aragón

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También propone que el nombre de los pueblos y las calles y plazas del este de Huesca, Zaragoza y Teruel se señalicen en lengua catalana

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En mayo de 2013, las Cortes de Aragón aprobaron la nueva ley de lenguas autonómica, que regula el uso del aragonés y del catalán en las zonas del norte y el este de la región en las que se hablan. La organización catalana Plataforma per la Llengua ha hecho un estudio sobre la ley. La considera insuficiente, y por eso proponen medidas para extender la lengua catalana.

Logo de la Plataforma per la Llengua, y mapa del catalán, incluida su extensión en el este de Aragón.

La nueva normativa salió adelante con los votos de los partidos que sostienen al gobierno de Luisa Fernanda Rudi, Partido Popular y Partido Aragonés, mientras que el PSOE, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista votaron en contra.

La polémica se centró en ese momento en que la ley denomina a la tradicional fabla aragonesa como “lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica”, y al catalán que se habla en la Franja (la zona Este de la región, limítrofe con Cataluña) “lengua aragonesa propia del área oriental”.

Eso provocó un aluvión de quejas y burlas porque el aragonés pasaba a ser el “LAPAPYP” y el catalán el “LAPAO”, a pesar de que estos acrónimos no se mencionan en la ley de lenguas.

Un “despropósito” contra los aragoneses que hablan catalán

Otro colectivo que se muestra contrario a la normativa lingüística de Aragón es la Plataforma per la Llengua. El Confidencial Autonómico ha tenido acceso a un documento en el que esta organización catalanista analiza la nueva Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

El descontento de esta plataforma -que promueve campañas de presión para obligar a las empresas a etiquetar sus productos en catalán- con la normativa es patente desde el título del informe: “La ley de lenguas de Aragón, un despropósito contra los ciudadanos aragoneses que hablan catalán”.

El documento analiza distintos parámetros (oficialidad de la lengua, uso en la escuela, en las relaciones con la administración, en el callejero...) en la propuesta de ley que hizo el gobierno aragonés del PSOE en 2009 -que no se llegó a aplicar-, la ley aprobada en 2013 por PP y PAR, y también lo compara con el trato que recibe el aranés en el Valle de Arán por las autoridades de Cataluña.

Catalán y no LAPAO

Además de comparar, la Plataforma per la Llengua hace sus “propuestas de mínimos” sobre todos estos aspectos. En primer lugar, pide que el aragonés oriental, el “LAPAO”, se denomine catalán, que sea oficial en Aragón junto con el castellano y el aragonés, y que se reconozca como “lengua propia” en el territorio en el que es el idioma de uso preferente, es decir, en la Franja.

Según los datos que maneja esta organización, 50.000 personas hablan catalán en el Este de Aragón. Además, es la lengua habitual del 77,1% de la población de esta zona limítrofe con Cataluña y la conoce el 88,8%.

Por eso pide que tenga un reconocimiento mayor. La propuesta de mayor calado, sin duda, es la que se refiere a la utilización del catalán en las escuelas del Este de Huesca, Zaragoza y Teruel.

El catalán, obligatorio y vehicular en la educación

La ley de lenguas de Aragón garantiza el derecho de los alumnos de las zonas donde se habla catalán y aragonés a poder recibir clases de esas lenguas. También establece el fomento de la enseñanza de esas distintas modalidades lingüísticas en la enseñanza, junto al castellano.

Sin embargo, la Plataforma per la Llengua pide ir más allá. Su propuesta es que la enseñanza del catalán en la zona oriental de Aragón sea obligatoria. Pero además propone que la lengua catalana sea vehicular; es decir, que los alumnos aragoneses de la Franja estudien las asignaturas en catalán.

Más allá de la educación, sus pretensiones de cambiar el estatus de catalán alcanzan también la señalización de las vías urbanas en los municipios de la Franja, que pide que se haga en catalán. También propone que los nombres de esos municipios sean oficiales en sus nombres en catalán y que así aparezcan en los letreros y documentos oficiales.

Por último, exigen que los vecinos de los pueblos de esa zona bilingüe puedan dirigirse por escrito a la instituciones autonómicas y a los ayuntamientos en catalán, y estas autoridades estén obligadas a responder en esta misma lengua. Y las actas, acuerdos y documentos de los consistorios se publiquen, “al menos”, en catalán.

“Somos
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