Una nueva jueza en Barbate agilizará la investigación de la muerte de dos guardias civiles
El CGPJ ha adscrito una magistrada sustituta para reforzar el trámite de las macrocausas de narcotráfico en esa localidad de Cádiz
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reforzado los juzgados de Barbate (Cádiz), que investigan de la muerte de los dos guardias civiles que fueron embestidos por una narcolancha el pasado febrero, con la incorporación de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut por un periodo de seis meses con posibilidad de prórroga.
De esta manera, el órgano de gobierno de los jueces confía en que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de la localidad gaditana puedan agilizar el trámite de las macrocausas, como propuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Narcotráfico en Cádiz y Huelva
La Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido este jueves con el alto tribunal andaluz para presentarle los resultados del análisis sobre la situación de los partidos judiciales de Cádiz y Huelva, las provincias más afectadas por narcotráfico. Concretamente, el estudio menciona los territorios de La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz, y Ayamonte y Moguer, en Huelva.
Al encuentro también han acudido los presidentes de ambas Audiencias Provinciales y los jueces decanos de la zona.
Carga de trabajo
Los datos ponen de manifiesto que la carga de trabajo, tanto en la jurisdicción civil como la penal, supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ.
La carga media global ha sido de un 134 % en 2023 y la pendencia en todos los órganos es elevada, siendo la media de 945,5 asuntos en materia civil y 774,4 en penal, superando ambas la media nacional.
Más juzgados
Para dar respuesta a estos problemas, el estudio propone unificar algunos partidos judiciales, crear nuevos juzgados y adscribir más magistrados de apoyo en los municipios más afectados por el narcotráfico.
Además, también sugiere la creación de una sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, que esté especializada en el orden penal.
Competencia de la Audiencia Nacional
Los expertos dan la razón a una de las reivindicaciones históricas de varios juristas como los de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria: que sea la Audiencia Nacional la que asuma los casos de delitos contra la salud pública, generalmente de narcotráfico.
El informe también concluye que es necesaria una mayor coordinación entre los magistrados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Afirma que la instrucción es compleja, no solamente por el alto número de investigados, sino por las prácticas que se deben llevar a cabo: intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial, pruebas periciales contables, etc
