Aragón y Gobierno se sientan a la mesa: Buscarán consenso sobre ley de concordia
Deberá reunirse la Comisión Bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma como última vía antes de impugnar la norma del Ejecutivo autonómico, de acuerdo con el artículo 33.2 de la LOTC
El Gobierno central ha decidido batallar la "ley de concordia" impulsada por el Ejecutivo de Aragón —presidido por Jorge Azcón, del Partido Popular—. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ha encargado un informe jurídico para impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional, según ha adelantado El País, pero antes se sentará a negociar con el Gobierno de Azcón para intentar llegar a un acuerdo y evitar imponer el recurso: este paso permite al Ministerio aumentar en seis meses el plazo para recurrir la norma, según ha podido saber Confidencial Digital.
La medida sustituye la ley de memoria histórica vigente en la región desde 2018 y derogada el pasado febrero por el Gobierno de PP y Vox, que ocupa el poder tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La iniciativa, presentada por ambos partidos el pasado 20 de noviembre —aniversario de la muerte de Francisco Franco—, trata de enmendar la "visión partidista de la historia" y eliminar "una versión oficial".
Reunión con Aragón antes de recurrir al TC
El ministro Ángel Víctor Torres no ha optado por recurrir al Tribunal Constitucional directamente: para que el Gobierno, o un Ejecutivo autonómico, puedan hacerlo, la ley orgánica que regula al Alto Tribunal fija dos procedimientos distintos. El primero permite impugnar la ley en un periodo de tres meses desde que se apruebe la medida y el segundo amplía el plazo hasta los nueve meses, pero exige que se celebre una reunión entre las Administraciones implicadas. En este caso, entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Aragón.
Esta vía, incluida desde la reforma del año 2000 de la LOTC, busca evitar los recursos al TC fomentando el diálogo entre distintas instancias, pero también alarga el plazo disponible para poder recurrir. Este encuentro implica una "Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración Central del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma", según señala el artículo 33.2 del reglamento. También es necesario que en dicho encuentro se acepte "resolver las discrepancias" y pudiendo modificarse del texto—esto es, la ley—. Además, si se produjese un acuerdo, deberá trasladarse al Constitucional "dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la Ley".
Solo contra Aragón
El Gobierno ha decidido acudir a los tribunales para contrarrestar las leyes que están impulsando distintos Ejecutivos regionales del PP, pero aún no ha emprendido medidas contra todos. El Ministerio solo ha actuado contra la ley aprobada por el Gobierno de Aragón: el único que, de momento, ha dado una luz verde definitiva a la medida que elimina sustituye la ley de memoria histórica por la ley de concordia.
Leyes de "concordia" también en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León
Otras dos autonomías trabajan ya en la aprobación de una ley semejante: la Comunidad Valenciana y Castilla y León. En ambos Ejecutivos, Vox comparte Gobierno con el PP. La norma impulsada en la región castellano y leonesa extiende el periodo en el que se reconocen a las víctimas: si la ley de memoria abarca a todas las que se produjesen desde 1936 —el inicio de la guerra civil—, fuera cual fura su bando, la nueva norma alarga este periodo hasta 1931, con el inicio de la república. El ministro de Memoria Democrática ha criticado que esta modificación pretenda equiparar la dictadura franquista a un "periodo democrático" y también ha acusado que no se califique como "dictadura" los cuarenta años de gobierno de Francisco Franco.
El texto también señala que el golpe de Estado militar que derivó en el conflicto civil y la dictadura no obedeció a tal hecho, sino a "dinámicas de enfrentamiento de años anteriores".
El Ejecutivo estudia el resto de normas
Aunque el Ministerio liderado por Torres no ha emprendido más acciones contra el resto de autonomías que ya elaboran normas que sustituyan la ley de memoria histórica, fuentes gubernamentales aseguran a ECD que el equipo jurídico del Ministerio sí está estudiando el resto de iniciativas y valorará si impugnarlas cuando concluya dicho estudio.
