El ex magistrado Varela, ante el Supremo por haber formado parte del tribunal del ‘procés’

El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha remitido al Tribunal Supremo la documentación para que decida si admite o no investigar al exmagistrado Luciano Varela por un presunto delito de tráfico de influencias. El juez no se ve competente para entrar en el fondo de la querella contra la decisión que tomó el Consejo General del Poder Judicial en 2019 de aplazar la jubilación de Varela para que pudiera terminar de enjuiciar a los líderes del ‘procés’. 

En un auto del pasado 9 de septiembre, el magistrado Antonio Serrano-Arnal, el mismo que se encargó de investigar el ‘Delcygate’, resuelve que él, como titular de un juzgado de instrucción, no es quien debe esclarecer estos hechos y se inhibe al alto tribunal. La denuncia parte de la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública que considera ilegal que Varela, a quien le tocaba dejar su puesto en la Sala de lo Penal en medio del juicio por los hechos del 1-0, permaneciera hasta el final sin jubilarse para poder participar en la sentencia. 

“Fue desde que se hizo pública la edad de Luciano Varela cuando empezaron las improvisaciones porque hasta ese momento nadie se había dado cuenta del lío que se iba a montar en la causa del ‘procés’ sabiendo que los magistrados jubilados solo pueden ser habilitados para dictar sentencia, no para seguir trabajando como si fueran jueces en activo”, indica la denuncia de esta asociación cuyo presidente es el exjuez Fernando Presencia, que fue inhabilitado de su cargo en 2016 por un delito de prevaricación. 

La Comisión Permanente -el núcleo del CGPJ- acordó en abril de 2019 prorrogar la jurisdicción de Varela, que debía jubilarse el 9 del mes siguiente, para que pudiera seguir formando parte de la Sala Segunda “durante la totalidad del juicio y todas las actuaciones posteriores” que fueran precisas hasta la sentencia. 

Este acuerdo partió de la petición del presidente de dicha Sala, Manuel Marchena, y para ello el órgano de gobierno de los jueces se apoyó en un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que ante traslado o jubilación de algún juez podrá deliberar, votar, redactar y firmar sentencia “según proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado”. 

En este sentido, el juicio del ‘procés’ comenzó en febrero de ese año por lo que Varela asistió como miembro del tribunal cuando todavía quedaban tres meses para su retirada. El CGPJ explicó en ese momento que no era la primera vez que apañaba así algunas Salas, sino que este tipo de acuerdos habían sucedido con otros muchos casos. 

La denuncia, en cambio, señala que las otras situaciones no fueron iguales porque no se aplicó este artículo, sino que se utilizó la figura de magistrado suplente. 

El tribunal que formó parte del ‘procés’ estuvo conformado por Marchena, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y el propio Varela. Este se jubiló poco después de firmar la sentencia que condenó a todos los líderes independentistas y se le considera uno de los padres de la tesis de la “ensoñación” que dio lugar a que la condena se centrara en la sedición y no en la rebelión. 

Fuentes en el alto tribunal señalan que la denuncia todavía no ha llegado y que, de hacerlo en los próximos días, se procedería a la vía de lo que se denominan causas especiales. La Fiscalía debe realizar un informe sobre la competencia del Supremo para enjuiciar y, en función de eso, se decidiría sobre su admisión a trámite. 

Cabe recordar que el presidente de la asociación denunciante, el exmagistrado Presencia cuenta con dos sentencias en su contra del Tribunal Superior de Castilla La Mancha con 10 años de inhabilitación cada una. Ambas fueron corroboradas por el Tribunal Supremo y, precisamente, de una de ellas fue ponente el magistrado Varela.