La cúpula de la Guardia Civil de Navarra, imputada por revelación de secretos
Vea la querella que han presentado varios agentes a los que se grabó sin permiso
“Delitos de descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público”. Ésa es la acusación a la que se enfrentan los altos mandos de la Benemérita en Navarra después de que el juzgado de Aoiz haya abierto diligencias a propuesta de varios guardias civiles, de diferente escala, y un policía local.
Según la querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico, los agentes acuden a los tribunales para denunciar el uso de grabaciones como prueba dentro de un procedimiento administrativo sancionador, que además fueron difundidas posteriormente en Youtube.
Las imágenes que aparecen en las grabaciones pertenecen a varias cámaras de vigilancia, situadas “en el exterior, vestíbulo e interior” de un bar de alterne en Pamplona. Dichas cámaras, según los querellantes, no cuentan con la “autorización de la autoridad judicial”.
Aseguran que con la difusión posterior en Internet de las mencionadas grabaciones se ha perjudicado “el buen nombre de los guardias civiles y policía local implicados”, además de haberse quebrantado “la cadena de custodia de las referidas cintas”.
La juez que instruye el caso ha solicitado a los mandos competentes que envíen “la cadena de custodia documentada de las ya referidas grabaciones”, además de un listado con “todos los agentes que tuvieron acceso a ellas” y pudieron, por tanto, difundirlas.
Fuentes cercanas al proceso confirman a ECA que la Policía Foral ya está realizando las gestiones necesarias para averiguar quién las publicó.
Conflictos laborales en Pamplona y alrededores
No es el único frente abierto que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Navarra. Tal y como informó este digital, el sindicato SPPME presentó hace algunas semanas una denuncia contra el jefe de la Policía Municipal de Pamplona y otros diez altos cargos y el alcalde de la localidad, Enrique Maya.
A lo largo de más de 40 páginas, el sindicato describe abusos laborales e incluso vejaciones. También recoge acusaciones de falsedad testimonial y documental, todo ello en pos del encubrimiento de otros delitos.
Antes de acudir a la vía penal, los denunciantes intentaron agotar otras opciones. Sin embargo, ante lo que han definido como “pasividad” por parte de las autoridades, incluido el Ayuntamiento, han optado por llevar a un juzgado varias pruebas, desde grabaciones a imágenes, con las que apuntalar su versión.
