El Parlamento navarro prepara la primera reunión de la comisión de investigación sobre bebés robados. Se abre el plazo para registrarse como compareciente

La comisión de investigación, cuya presidencia ha recaído en el regionalista Javier Caballero, ha quedado integrada por dos miembros de cada grupo parlamentario. Así, forman parte de la misma Eradio Ezpeleta (UPN), las socialistas Maite Esporrín y Carmen Ochoa; Nekane Perez y Asun Fernández de Garaialde, por parte de NaBai; Koldo Amezketa y Víctor Rubio, en representación de Bildu; Enrique Martín y Eloy Villanueva, del PPN; y José Miguel Nuin y Txema Mauleón, por parte de Izquierda-Ezkerra

El objetivo de la comisión, que adoptará todas sus decisiones por voto ponderado, será investigar y esclarecer los hechos expuestos por la Asociación 'SOS Bebés Robados Navarra' en la comisión de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior celebrada el 14 de marzo y, en concreto, todo lo concerniente a los supuestos robos de recién nacidos y adopciones irregulares.

La comisión de investigación deberá concluir sus trabajos antes del 4 de octubre de 2012, fecha en la que deberán quedar aprobadas sus conclusiones. No obstante, la Mesa de la Cámara, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, podrá ampliar este plazo a petición de la Comisión.

En su sesión de este lunes, de carácter secreto, los miembros de la comisión han establecido el 29 de mayo como fecha límite para que cada grupo presente sus propuestas de plan de trabajo, que serán debatidas en la próxima sesión, que tendrá lugar el 5 de junio. A partir de ahí, según han informado desde el Parlamento de Navarra en un comunicado, la comisión se reunirá cada 15 días.

Las conclusiones de la comisión, que no son vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el pleno de la Cámara.

Además, las conclusiones aprobadas por el pleno serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas al Gobierno de Navarra, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.