“El cupo vasco no se toca”: el PNV frena una rebelión de presidentes autonómicos

La reacción del resto de comunidades a la propuesta de Pere Aragonès de un pacto fiscal para Cataluña ha avivado las críticas a los conciertos económicos de Euskadi y Navarra

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, durante un acto del PNV.
El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, durante un acto del PNV.

Las críticas del resto de autonomías a la propuesta de Pere Aragonès de un pacto fiscal para Cataluña han movilizado de urgencia al PNV, socio clave del Gobierno, para zanjar de raíz un debate sobre el concierto vasco y navarro. El mensaje que se ha hecho llegar desde la dirección del partido a Moncloa es claro: “El cupo vasco no se toca”.

En público, el Gobierno ha rechazado de plano cualquier opción que pase por un pacto fiscal para Cataluña semejante al cupo vasco. No tendría encaje ni en la Constitución ni en el Estatut, asegura. 

Mossos y prisiones

Con todo, fuentes de Moncloa sí se han abierto a la negociación, dentro del marco de un nuevo sistema de financiación autonómica. Admiten que Pedro Sánchez está dispuesto a compensar a Cataluña “reconociendo sus competencias singulares”. Principalmente, enumeran, por las competencias de la policía autonómica (Mossos), en materia penitenciaria y justicia.

Se trataría de recalcular al alza la financiación de Cataluña “recogiendo sus peculiaridades”. Según argumentan los colaboradores del presidente del Gobierno, Cataluña cuenta con la singularidad de gestionar un buen número de competencias propias, por lo que merecería una financiación “distinta” a la actual. 

Sería un nuevo cálculo más favorable, pero siempre como fruto de un acuerdo para la reforma del sistema de financiación autonómica.

Debate sobre los conciertos

Así las cosas, la propuesta de Aragonès de un pacto fiscal para Cataluña ha abierto en paralelo el debate sobre los conciertos económicos existentes en País Vasco y Navarra.

Fuentes de la cúpula del PNV, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, admiten que son conocedores de que una relevante mayoría de presidentes autonómicos ha comenzado a cuestionar en privado el cupo vasco y el concierto navarro, por considerar que privilegia a ambos territorios sobre el resto de comunidades, provocando así agravios a las demás regiones.

Han constatado el malestar que causa en algunos gobiernos autonómicos, profundamente insatisfechos por el actual sistema de financiación, comprobar cómo la “prioridad vasca” se impone frente a situaciones de infrafinanciación que, como la valenciana, acumulan años de retraso sin ninguna solución.

“El cupo vasco no se toca”

Tras los últimos acontecimientos, con la propuesta de ERC para que Cataluña recaude y gestione el 100% de sus impuestos, según ha podido saber ECD por fuentes conocedoras de los movimientos, el PNV, a través del propio presidente del partido, Andoni Ortuzar, se ha movilizado y ha reaccionado de forma airada, trasladando un nítido mensaje al entorno del presidente del Gobierno y al Ministerio de Hacienda: “El cupo vasco no se toca”.

 

Los nacionalistas vascos asumen que comienza a ser complicado justificar en el resto de España la excepcionalidad de los territorios vasco y navarro, por mucho que esas particularidades, junto a otro tipo de singularidades como la catalana, se hayan convertido en inevitables para alcanzar un cierto grado de estabilidad política en el país aunque, al final, el coste puede resultar caro e insolidario con el resto de los territorios.

Así lo atestigua el hecho de que la capacidad fiscal de Euskadi está por encima de la media española y, sin embargo, su aportación al sistema común está por debajo del promedio.

El PNV argumenta que es “solidario”

De ahí, reconocen a Confidencial Digital en el entorno de Ortuzar, que el propio presidente del PNV haya visto la necesidad de movilizarse al más alto nivel para tratar de blindar el cupo vasco.

Considera “legítimo” que el president pida un Concierto económico para Cataluña, pero le reclama que “no deslice” que el sistema vasco es “insolidario”. En la cúpula del PNV han saltado las alarmas después de que Aragonès haya insistido en que el modelo catalán sería solidario, dando a entender quizá que el Concierto vasco no lo es. “Que no nos mezclen”, protesta.

Defiende que el País Vasco “contribuye a la solidaridad nacional”, ya que la región aporta, siendo el 4,6% de la población del Estado, el 6,24% de los recursos; y, siendo el 5,9% del PIB, el 6,24%; y “financia el Fondo de Compensación Interterritorial sin que revierta hacia Euskadi.

El Cupo es la ley que regula la aportación concreta de las provincias vascas a la solidaridad del Estado y a los servicios que presta la Administración central en el País Vasco, y para fijar la cantidad se tienen en cuenta factores como el peso económico de Euskadi.

Mientras que el Concierto está reconocido en la disposición adicional primera de la Constitución, y tiene carácter indefinido desde 2002, el Cupo sigue una duración quinquenal y fue revisado el año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Con la actual base del cupo, el País Vasco abona 1.300 millones de euros al Estado en concepto de las competencias no asumidas por las haciendas forales y que financia directamente la Administración Central, como son la defensa, la seguridad, la representación internacional, la Casa Real, etc.

Moncloa garantiza el blindaje

Fuentes próximas al Ejecutivo vasco confirman a ECD que el Ministerio de Hacienda, tras consultar con Moncloa, ha dado garantías de que la metodología que sirve para calcular el cupo -la cantidad anual que el País Vasco debe pagar al Estado para financiar las competencias no asumidas por el Gobierno de Vitoria- permanecerá sin cambios.

O lo que es lo mismo, el sesgo a favor de los tres territorios forales vascos -que en última instancia son quienes gestionan el presupuesto- se va a mantener.

Se ha garantizado al Gobierno de Vitoria que no se va a modificar, por ejemplo, el llamado índice de imputación, que es el porcentaje en virtud del cual Euskadi debe contribuir a la financiación de los gastos del Estado, y que se calcula básicamente en relación con la renta de la región respecto del total del Estado. Desde 1981, ese porcentaje se ha situado invariablemente en el 6,24%.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.

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