El Colegio de Médicos de Toledo se une al de Baleares contra la Ley del Aborto del Gobierno. Los sanitarios defienden el derecho a declararse objetores de conciencia
La oposición a la Ley del Aborto continúa creciendo. Si esta semana el PP ha presentado al Tribunal Constitucional un recurso contra la norma impulsada por Bibiana Aído, el Colegio de Médicos de Toledo se ha unido al de Baleares en la defensa del derecho de los sanitarios a declararse objetores de conciencia para evitar practicar esta intervención. Tal y como adelantó El Confidencial Autonómico -vea aquí esta información-, los médicos de Baleares, decidieron, a principios de año y sin contactar con la consejería ni con el Ministerio de Sanidad, crear un registro en el que todos los facultativos que se nieguen a realizar abortos a menores puedan inscribirse como objetores de conciencia. A esta iniciativa se ha sumado el Colegio de Médicos de Toledo, presidido por el doctor Luís Rodríguez Padial. La organización ha mostrado su oposición al contenido del borrador reglamentario de la nueva Ley del Aborto tal como está redactado, que entrará en vigor el próximo 5 de julio. Los colegiados consideran que la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años que aleguen violencia familiar puedan abortar sin informar a sus padres si cuentan con la autorización de un médico, podría generar "inseguridad jurídica" a este colectivo, que sería siempre el "responsable" último de esa decisión. Según el texto, la menor debe presentar un documento que confirme que uno de sus padres está avisado, excepto que alegue que esa información le provoca "un conflicto grave". En esos casos, la ley dice que el médico deberá apreciar que las alegaciones de la menor son fundadas y para ello podrá pedir un informe a un psicólogo o a un trabajador social para que certifique esa versión, hecho complicado teniendo en cuenta que sólo se cuenta con la versión de la menor, que en muchos casos puede estar distorsionada. Para el Colegio de Médicos de Toledo es "inadmisible que en el citado texto se delegue en los profesionales de la medicina una responsabilidad que no les corresponde. Recuerda que es un problema social no médico, y en este sentido, el médico no puede juzgar la situación o no de riesgo de la adolescente como paso previo para solicitar los informes indicados".
