Jueves 08/12/2016. Actualizado 20:22h

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Baleares

Francesc Antich, pendiente de Unión Mallorquina. El socio de los socialistas en el Gobierno balear busca nuevo presidente

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La Ejecutiva de Unió Mallorquina se reunirá hoy por la tarde en un encuentro en el que se prevé debatir sobre el nombre del nuevo presidente de la formación, que en caso de decidirse será posteriormente propuesto al Consejo Político y éste deberá acordar si se aprueba esta elección o si finalmente se convoca Congreso para escoger al sustituto de Miquel Àngel Flaquer al frente del partido regionalista. Voces autorizadas del partido puntualizaron que la del lunes será una reunión ordinaria, la primera de este año, y en cuyo orden del día no figura la elección de un miembro del partido como aspirante a presidir la formación. No obstante, manifestaron que sí se abordará esta cuestión ya que "el tiempo apremia" y el 23 de enero es la fecha límite para resolver esta cuestión. Por su parte, el ex alcalde de Campos, Guillem Ginard, manifestó este domingo que, aunque no se descarta que sea uno de los nombres a sustituir a Flaquer, no se ha planteado "seriamente" esta posibilidad, sino que "todo dependerá de lo que decida el partido". En este sentido, el ex primer edil incidió en que por el momento tiene "varios temas pendientes que resolver en Campos" y por ello permanece por ahora centrado en estas cuestiones. En concreto, los estatutos del partido estipulan que durante un plazo de no más de treinta días la formación contará con un presidente en funciones hasta que no sea ratificado en un consejo político o se celebre un congreso extraordinario. Así, durante este periodo Joan Monjo está ocupando el cargo de presidente en funciones. Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre Flaquer anunció su dimisión como máximo dirigente de la formación nacionalista y como portavoz y conseller insular de este partido en el Consell de Mallorca, después de que el juez que instruye el caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, decretase contra el imputado la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación y ante el riesgo de fuga por la gravedad de las penas que estos tipos penales llevan aparejados.