Sábado 10/12/2016. Actualizado 01:00h

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Baleares

Las fianzas penales depositadas en 2009 por políticos y otros imputados por corrupción superan el millón de euros

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Las fianzas penales depositadas a lo largo de 2009 por imputados en procedimientos de presunta corrupción política en Baleares superaron el millón de euros, aunque ha sido durante el primer semestre de 2010 cuando se han decretado las cauciones más elevadas, como es el caso del ex presidente del Govern, Jaume Matas -tres millones de euros- y de la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar -350.000-. Y son los casos Voltor y Maquillaje, que investigan el presunto desvío de fondos públicos a empresarios y cargos afines a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares, los que acumulan entre el pasado año y el actual el mayor número de fianzas dictadas (nueve en el caso Voltor y seis en Maquillaje), desde la acordada en diciembre para el ex director de Ona Mallorca, Alfredo Conde -200.000 euros, la más alta de 2009- a la Munar el pasado mes de marzo. Precisamente, dentro del caso Maquillaje se encuentra imputado el ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens -encausado en tres procedimientos más-, quien es el ex alto cargo que suma más fianzas, un total de tres -cada una de 100.000 euros por los casos Son Oms y Maquillaje- con las que ha eludido ingresar en la cárcel. En concreto, la vorágine de fianzas arrancó el pasado año con la apertura del caso Ibatur, por el que su ex secretario Miquel Àngel Bonet tuvo que abonar 85.000 euros en febrero para eludir su ingreso en prisión preventiva, tras confesar que durante la pasada legislatura defraudó fondos por esa cantidad procedentes de la empresa pública mediante contratos irregulares. Mientras, 100.000 euros constituyeron la fianza que el juez impuso al ex concejal de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, para que pudiera abandonar la prisión en la que había ingresado sin fianza por abusos sexuales a menores, la misma cantidad que decretaron para el ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal para que también pudiera abandonar el centro penitenciario de Palma tras haber entrado en él también sin caución por supuestamente apropiarse de dinero de la EFM. Por su parte, dentro de la Operación Peaje, que indaga si fondos destinados a las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor se destinaron a usos particulares, el jefe del proyecto Francisco Orejudo depositó 125.000 euros para evitar la cárcel, y el encargado de la vigilancia de la carretera, Gabriel Mestre, constituyó 75.000. Sin embargo, fue en julio cuando se desató el caso que generó mayor expectación, el que investiga el supuesto desvío de fondos durante la construcción del Palma Arena y su posible conexión con el incremento patrimonial de Matas. En este procedimiento, la fianza más elevada fue impuesta contra el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés (50.000 euros).