Miércoles 18/10/2017. Actualizado 01:00h

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Cantabria

Las decisiones del gobierno de Revilla en Cantabria, a examen. Arranca la comisión de investigación sobre los contratos concedidos a la empresa pública Cantur

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El Parlamento de Cantabria comienza este martes su segunda comisión de investigación en lo que va de legislatura. A iniciativa del Partido Popular, se está preparando una lista de comparecencias en torno a posibles irregularidades de los regionalistas en la gestión de Cantur, la empresa pública encargada de la promoción turística de la región. En el borrador de la comisión está el ex presidente Miguel Ángel Revilla, varios cargos regionalistas de la empresa Cantur o el ex presidente del Racing de Santander, Francisco Pernía.

Las sospechas de contratación irregular de afiliados y cargos del partido de Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista de Cantabria, en la empresa pública Cantur han motivado la apertura de una comisión de investigación. Desde el Partido Popular, promotor de la comisión, también denuncian “irregularidades en la contratación y adjudicación de obras”, con “desviaciones y sobreprecios difícilmente explicables en diversas obras”.

Según explican fuentes del PP a El Confidencial Autonómico, la principal inquietud de esta comisión pasa por investigar “la política de personal del bipartito PRC-PSOE en Cantur”, la empresa pública que se dedica a promocionar el turismo en esta comunidad y que estaba gestionada desde el Partido Regionalista. “Esto podría ser el ‘caso Gürtel’ de Revilla”, explican.

Desde el Parlamento cántabro, presidido por José Antonio Cagigas, calculan que los resultados de la comisión podrían conocerse en un plazo aproximado de dos a cuatro meses. Las conclusiones establecerán si hubo o no irregularidades en la contratación de personal y en las cuentas de esta sociedad pública.

Para los promotores de esta comisión, “están en entredicho las relaciones del anterior gobierno con algunos de los proveedores de Cantur” y también hay dudas sobre “el papel que tuvo en la venta del Racing de Santander a Ali Syed”, el magnate indio que adquirió el equipo de fútbol en enero de 2011.

Cantur, una gestión en entredicho

Al frente del área de Turismo, encargada de gestionar Cantur durante el gobierno de coalición, estuvo una de las personas de confianza de Miguel Ángel Revilla, el también regionalista Francisco Javier López Marcano. Ambos serán convocados para declarar ante la comisión.

Otro de los asuntos que tratarán es la supuesta malversación de fondos públicos del ex director de Cantur, Diego Higuera, nombrado por López Marcano. Higuera tiene una instrucción judicial abierta, a denuncia de la propia empresa el pasado mes de octubre.

Le acusan de haberse gastado hasta 90.000 euros en restaurantes de lujo, pagos de multas personales, compras de todo tipo y reparaciones para su coche particular.

Fuentes populares aseguran que la auditoría sobre Cantur que se presentó en la cámara cántabra la pasada legislatura había sido “convenientemente censurada, y mutilada, con 40 páginas arrancadas”, en palabras del portavoz del grupo, Eduardo Van den Eynde.

El Racing de Santander

La venta del Racing de Santander durante el gobierno de Miguel Ángel Revilla también va a ser sometida a examen. Desde el PP sostienen que Revilla “levantó las garantías para que el indio Ali Syed pudiera comprar las acciones” del club de fútbol.

Este magnate, actualmente buscado por la Interpol, ha supuesto unas pérdidas en las arcas de Cantabria de al menos 6,7 millones de euros, el valor del accionariado adquirido y que Syed nunca abonó.

La comisión y sus antecedentes

La creación de esta comisión de investigación se aprobó el pasado 12 de noviembre de 2012, tras varias semanas de trámite parlamentario. Votaron a favor PP y PRC, mientras que el PSOE lo hizo en contra.

Este martes va a quedar constituida la mesa de la comisión y las fechas del plan de trabajo, que reúne a los tres grupos parlamentarios: PP, PSOE y PRC.

Se trata la segunda comisión de investigación que se pone en marcha en la presente legislatura para analizar decisiones del bipartito PRC-PSOE. La anterior tuvo como protagonista la fábrica de fibroyeso GFB, en la localidad de Orejo: la empresa entró en concurso de acreedores y ejecutó un ERE antes de empezar a funcionar. Nunca llegó a ponerse en marcha.

El dictamen de aquella comisión parlamentaria y el Juzgado de lo Mercantil determinaron que el gobierno PRC-PSOE propició la “quiebra fraudulenta de la empresa”. Esta acción supuso una pérdida para Cantabria de 45 millones de euros, la cantidad invertida por el gobierno en esta empresa.

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