‘Ataque’ aéreo de GreenPeace a Garoña: un grupo de activistas sobrevolaron la central nuclear y lanzaron botes de humo para demostrar que las instalaciones “no son seguras”

Activistas de Greenpeace han sobrevolado la central nuclear de Santa María de Garoña, situada en el Valle de Tobalina, en Burgos, donde han lanzado botes de humo con el objetivo de demostrar la "falta de seguridad" de esta instalación.

A primera hora de la mañana activistas de Greenpeace han sobrevolado la central nuclear de Garoña coincidiendo con la celebración este martes, 5 de junio, del Día del Medio Ambiente.

Greenpeace ha asegurado en este escrito que no existe ningún motivo, ni económico ni energético, que justifique ampliar el permiso de explotación de Garoña y ha considerado "irresponsable" que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo plantee la reapertura de la central nuclear "porque el riesgo que supone está demostrado; porque es una instalación amortizada; porque las pruebas de resistencia de la Unión Europea no han terminado, y porque los consumidores pagan a Endesa y a Iberdrola, propietarias de la central, el precio más caro del mercado por la electricidad que produce".

Por ello, Greenpeace ha afirmado que la ampliación de la explotación de Garoña es contraria a la protección y gestión de la seguridad de la ciudadanía y a los intereses económicos y energéticos de España.

"Si el Gobierno reabre Garoña todos los riesgos los asumimos los ciudadanos y todos los beneficios se los queda Iberdrola y Endesa", ha declarado la responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón. "No podemos seguir arriesgando el futuro y el medio ambiente de todos solo para continuar enriqueciendo a unos pocos que no defienden nuestros intereses", ha añadido.

Greenpeace ha llevado a cabo esta acción días después de presentar las alegaciones al proyecto de orden de revocación de la Orden Ministerial que establece el cierre de Garoña para el 6 de julio de 2013. Asimismo, coincide con la ampliación del plazo de revisión más detallada de las pruebas de resistencia, promovida por la Comisión Europea, después de que haya indicado que "el proceso se prolonga para llevar a cabo nuevas inspecciones y para proponer medidas para mejorar la independencia de los reguladores nacionales a nivel europeo".

 

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