Castilla y León no se fía de la amnistía fiscal de Montoro. Los inspectores de la Consejería de Hacienda revisarán las declaraciones de quienes se acogieron a ella en busca de posibles fraudes
El Plan contra el Fraude de la Junta de Castilla y León ha colocado en el punto de mira a los que se han adherido a la amnistía fiscal puesta en marcha por el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Los inspectores de la Consejería de Hacienda castellano-leonesa han recibido la orden de revisar las declaraciones de IRPF de los contribuyentes acogidos a este régimen tributario: revisarán los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y también los de Patrimonio. Fuentes de la Junta creen que la Comunidad puede haber "perdido ingresos" por esa regularización y pedirán cuentas al Estado.
“La información que manejamos es reservada, pero se van a revisar las declaraciones de IRPF de todos los que se han acogido a la amnistía fiscal”. Ésa es una de las principales novedades del Plan de Control Tributario que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla y León, presidido por Juan Vicente Herrera (PP).
Según explican fuentes de la Consejería de Hacienda a El Confidencial Autonómico, con este movimiento la Junta quiere “repasar los números de la amnistía de Montoro” para comprobar “si existen hechos imponibles no declarados en determinados impuestos”. “Vamos a colaborar con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria”, añaden. “No se trata de herir susceptibilidades”.
Aunque el plan fiscal de Hacienda y Administraciones públicas abarcaba los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el de Sociedades y el de la Renta de no Residentes, en el caso de Castilla y León sólo auditarán los números del IRPF y los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y el Patrimonio.
Las fuentes consultadas recuerdan que la letra pequeña del Plan contra el Fraude tiene “carácter reservado, al igual que a nivel estatal”, una característica que se recoge en la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003. “Lo que sí puede contarse son sus directrices generales”, que ya han sido publicadas en el BOCyL.
Objetivos del nuevo Plan contra el Fraude
Desde la Consejería de Hacienda castellano-leonesa, presidida por Pilar del Olmo, añaden que estas operaciones pueden servirles para “reclamar al Gobierno el 50% de lo que ya ha ingresado por la regularización tributaria de 2012”, una reivindicación que lleva tiempo en la agenda de la Comunidad Autónoma.
El primer informe al respecto es de abril, tiempo después de conocerse en qué consisitiría el Real Decreto Ley 12/2012, cuyo principal objetivo es regularizar el patrimonio oculto, pero no la renta obtenida y que en su día no fue declarada.
De acuerdo la Memoria Tributaria de Castilla y León en 2011, en el anterior ejercicio se consiguió que aflorasen 101 millones de euros, la mayoría de ellos adscritos a declaraciones del impuesto de Sucesiones y Donaciones y del de transmisiones patrimoniales.
