Lo contempla la nueva ley de transparencia autonómica

Los altos cargos de Castilla y León tendrán que publicar su declaración de bienes

La obligación de rendir cuentas al tomar posesión y al cesar de sus puestos se adelanta a abril por el fin de la legislatura

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con sus consejeros.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con sus consejeros.

Los consejeros, viceconsejeros y directores generales de la Junta de Castilla y León tendrán que “desnudar” sus cuentas y patrimonio antes de las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Termina la legislatura y la nueva Ley de Transparencia y Participación Ciudadana les obliga a hacerlo en este mes de abril.

El pasado 4 de marzo el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, firmó esta norma autonómica que pretende reforzar “el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano”, mediante la mejora de la transparencia en la actuación de los poderes públicos y el más fácil acceso de los ciudadanos a la información administrativa.

La nueva Ley de Transparencia y Participación Ciudadana establece toda una serie de mecanismos para hacer efectivo este derecho de acceso a la información pública. Para poder poner en marcha todas sus previsiones, la norma no entrará en vigor hasta el 10 de diciembre de 2015, salvo algunas partes de la ley que hacen referencia al Portal de Gobierno Abierto que ha puesto en marcha la Junta y otras disposiciones.

Tal y como ha podido comprobar El Confidencial Autonómico, hay un precepto concreto de la norma que tendrá que cumplirse en este mes de abril de 2015. Se trata de la disposición transitoria tercer, que hace referencia a la “Declaración notarial de bienes de altos cargos”.

Desde los consejeros hasta los gerentes

La nueva ley viene a modificar otra norma autonómica ya vigente, la Ley de incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. De esta forma, los altos cargos regionales están obligados a formular una declaración notarial de sus bienes patrimoniales dos veces: al ser nombrados y al cesar o al acabar la legislatura.

Sin embargo, una disposición adicional de la nueva Ley de Transparencia adelanta esta obligación al mes de abril de 2015. El objetivo es que ya disueltas las Cortes de Castilla y León para las elecciones del 24 de mayo, todos los altos cargos de la Junta rindan cuentas del patrimonio con el que acaban la legislatura.

Esta obligación de presentar una declaración de bienes afectará a todos los altos cargos, entendidos como los consejeros del gobierno de la Junta, los directores generales y los secretarios generales de las consejerías, los presidentes, directores generales y gerentes de organismos autónomos, empresas públicas, sociedades, entidades y fundaciones en las que la Junta sea mayoritaria, los delegados territoriales de la Junta y de las consejerías y el personal eventual con categoría de jefe de servicio o superior.

Declaración anual de la renta y el patrimonio

Según ha podido saber ECA, además de esa declaración de patrimonio que tendrán que hacer al inicio y al final de su desempeño en el cargo -para comprobar que no ha habido un enriquecimiento injustificado con su sueldo- estos responsables políticos y administrativos de la Junta de Castilla y León tendrán que presentar anualmente una copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y también del impuesto sobre el patrimonio si fuera el caso, antes de finales del mes de septiembre de cada año.

Con la nueva Ley de Transparencia se reestructura el Registro de Intereses de los altos cargos castellanoleoneses, que a partir de ahora constará de tres secciones. En la primera se inscribirán las declaraciones notariales de bienes patrimoniales; en la segunda las declaraciones de compatibilidad y de actividades; y en la tercera las declaraciones anuales del IRPF y de patrimonio.

Las declaraciones de bienes de los altos cargos se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León, omitiendo eso sí la localización de los bienes inmuebles y la identificación de los vehículos.

 

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