Los cazadores de Castilla y León, en pie de guerra contra la Junta. El Gobierno regional ha subido las tasas hasta el 60%
En los últimos 12 años han desaparecido cerca de 50.000 licencias de caza en Castilla y León, una tendencia que se ha agravado últimamente debido a las modificaciones de la legislación en este ámbito. La Federación de Caza regional ha criticado la actitud del Ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera: le acusa de basar la política cinegética en criterios de "inoperancia" y de un "expolio económico" tras una subida de las tasas.
“Estamos cansados y hartos de tanto abuso y desde tantos frentes”. Éste es el mensaje que han llevado los representantes de la Federación de Caza de Castilla y León a la Junta, ante la que se han manifestado esta misma semana. Según explican a El Confidencial Autonómico, la situación de la actividad cinegética en la región es “insostenible”, especialmente tras la subida de las tasas relacionadas con la caza y la pesca.
“La licencia de caza ha pasado en un año de costar 27 a 42 euros”, indican, y añaden que también ha habido aumentos que llegan incluso a un 60% en las matrículas de los cotos y las tarifas para solicitar permisos, detrás de las que ven “un mero afán recaudatorio”.
“El importe de la tasa sólo sirve para pagar el teórico coste de su expedición”, argumentan, y los cazadores consideran que una “renovación anual” es una herramienta “poco útil” más allá de la recaudación, ya que no hay ningún “seguimiento” ni nada parecido por parte de las autoridades.
“Un documento que es igual para el cazador de un pueblo que caza todos los días en su coto y para el foráneo que asiste una vez a un rececho, poca información útil puede suministrar”, comentan. Su propuesta es sustituir esa renovación anual por la pertenencia a la propia Federación de Caza o una entidad similar.
Según sus propios cálculos, los cazadores y pescadores aportan a las arcas autonómicas cerca de 500 millones de euros al año y son un gran activo en decenas de municipios castellano-leoneses. “Somos la única garantía de sostenibilidad de muchas zonas rurales desfavorecidas en la región”, añaden.
Los obstáculos para el cazador castellano-leonés
La Ley de Caza que impera desde 1996 carece, a juicio de este colectivo, del desarrollo adecuado, algo “sorprendente” después de 17 años en vigor. Los cazadores han solicitado en repetidas ocasiones que se recuperen los cupos de caza, que según ellos “garantizaban el acceso de todos los cazadores” al disfrute del patrimonio natural.
De las autoridades medioambientales dicen que en ocasiones están “lejos de colaborar” y piden que se dote a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de “más medios”. Critican que en ocasiones estas unidades del SEPRONA “interpretan y aplican” las normas de forma “dispar” y, en algunos casos, “contradictoria”. “No hay criterios comunes”, afirman.
Otra de sus reivindicaciones pasa por el desarrollo de la figura del especialista en control de predadores, que consideran “elemento imprescindible en la gestión de los cotos”. También solicitan que se recupere la dotación presupuestaria para “la mejora de los hábitats de los cotos”, ya que los recortes en esa partida pueden desembocar en “la pérdida de especies emblemáticas de flora y fauna”.
