Miércoles 23/08/2017. Actualizado 01:00h

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Cataluña

Funcionarios exigen a la Generalitat que les entregue por escrito las órdenes para la consulta del 9-N

Cataluña

Mossos d’Esquadra, policías locales y directores de colegios están enviando cartas. Quieren tener protección jurídica en caso de que la votación sea ilegal

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El ejecutivo de Artur Mas tiene en marcha la maquinaria burocrática para organizar la consulta sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre. A la espera de que el Tribunal Constitucional admita el segundo recurso del Gobierno de España, la Generalitat pretende movilizar a cientos de funcionarios para celebrar la votación.

Artur Mas firma el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre ante los consejeros de su gobierno. Artur Mas firma el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre ante los consejeros de su gobierno.

Después de que el TC suspendiera la primera consulta convocada conforme a la ley aprobada en el Parlament, los partidos que apoyan a Artur Mas en la celebración del 9-N acordaron recurrir a la parte no impugnada de dicha ley para celebrar un “proceso de participación ciudadana”.

Salvo la ausencia de un censo oficial elaborado previamente, el gobierno catalán mantuvo la misma organización de la primera consulta. Pero, en su línea de actuar de forma “astuta” para engañar al Estado, Artur Mas optó por una estrategia distinta: en vez de firmar un decreto de convocatoria que pueda ser impugnado por el Gobierno de España, ha ido dando pasos por la vía de los hechos consumados, sin usar ningún documento oficial.

Por ejemplo, las urnas y papeletas se han elaborado sin sacar a licitación su fabricación: como reveló El Confidencial Autonómico, las terminaron de fabricar hace pocos días los presos de la cárcel de Ponent (Lérida).

En cuanto a los funcionarios públicos que tendrían que trabajar el 9-N en la organización de la votación, la Generalitat de Cataluña ha recurrido a limitarse a dar órdenes orales. Por ejemplo, representantes del Departamento de Enseñanza comenzaron a reunirse hace algunas semanas con los directores de los colegios e institutos públicos para explicarles que tendrían que abrir los centros el día de la consulta para poder instalar allí las urnas.

La directora de un instituto revela a ECA -con la condición de no ocultar su nombre, por miedo a represalias de la administración- que desde la consejería la presionaron para facilitar la instalación de urnas en su centro.

La vicepresidenta del Gobierno de España precisamente criticó duramente a Artur Mas precisamente por esta estrategia. Soraya Sáenz de Santamaría denunció, al presentar el segundo recurso del Ejecutivo central, que su objetivo es proteger a los funcionarios públicos de Cataluña para que no se vean obligados a incumplir la ley y a asumir personalmente una responsabilidad “que el presidente de la Generalitat no está dispuesto a asumir”, al no haber firmado todavía ninguna instrucción.

Cartas para pedir las órdenes por escrito

El Confidencial Autonómico ha podido saber que decenas de funcionarios públicos están enviando cartas a sus respectivos departamentos de la Generalitat para exigir que las órdenes que les están dando no sean orales, sino escritas.

Se trata, según revelan fuentes sindicales de Cataluña, sobre todo de directores de colegios e institutos, que está pidiendo al Departamento de Enseñanza que les informe mediante documentos escritos que tienen la obligación de abrir el centro educativo el domingo 9 de noviembre a las 8:00 (y también el sábado 8, para los preparativos) con el objeto de colocar urnas y papeletas y recibir a quienes quieran votar.

También están exigiendo recibir instrucciones por escrito agentes de los Mossos d’Esquadra y de los cuerpos de policía local de los distintos municipios catalanes, que tendrían encomendada la seguridad de la jornada de votación.

Desde sindicatos de funcionarios explican que por ahora estas peticiones no han recibido respuesta por parte de la administración autonómica catalana. El objetivo de esta iniciativa es que cuenten con respaldo jurídico los empleados públicos que se puedan ver obligados a participar en la organización del 9-N si finalmente la Generalitat se empeña ello. Es decir, creen que con una orden escrita la responsabilidad ya sería del responsable político que firmara ese documento, y no de los funcionarios particulares.

Cabe recordar que, como reveló El Confidencial Digital, el Gobierno de Mariano Rajoy avisó a los funcionarios de que colaborar en la organización de un referéndum ilegal les acarrearía una condena judicial y serían inhabilitados en sus funciones.

Esta “amenaza” es precisamente la que ha llevado a dos consejeros del gobierno catalán a discrepar de Artur Mas en su estrategia de tratar de burlar las prohibiciones del TC: a Joana Ortega, vicepresidenta y consejera de Gobernación, por tanto responsable de la administración catalana; y Ramón Espadaler, consejero de Interior y responsable de los Mossos d’Esquadra. Ortega y Espadaler se ven en la difícil tesitura de forzar a sus funcionarios a incumplir resoluciones del Tribunal Constitucional.

Las fuentes sindicales consultadas por ECA explican que quienes lo tendrán más difícil para resistirse a no cumplir las órdenes de la Generalitat son los policías, tanto mossos como agentes municipales. Y es que ellos no pueden negarse a patrullar, aunque simplemente sean por funciones de seguridad y para evitar incidentes el próximo 9 de noviembre.

“Somos
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