La Generalitat contra Renfe: el Gobierno de Mas pone en marcha 1.400 inspecciones contra la red de cercanías con multas de 3,75 millones de euros

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad cierra así el expediente informativo abierto el 21 de septiembre y en los próximos tres meses resolverá sanciones de 6.001 a 30.000 euros por expediente --entre 750.125 y 3.750.000 euros en total--, medida que asegura el conseller Lluís Recoder "no es recaudatoria", sino que busca que Renfe rectifique y preste el servicio que merecen los usuarios.

Asimismo, inspectores de la Dirección General de Transportes y Movilidad han realizado entre el 15 y el 26 de octubre 1.393 controles en la red de Rodalies y Regionales, detectando 858 incidencias --un 61,5% de los casos--, que podrían derivar en nuevos expedientes sancionadores.

Recoder ha lamentado que la buena voluntad y la paciencia de la Conselleria con Renfe y Adif haya servido de bien poco, y ha señalado que la operadora, que depende del Ministerio de Fomento, debe abonar la sanción porque como empresa pública no puede saltarse la ley: "No podemos permitir que trate a la Generalitat con prepotencia institucional. Esto no lo admitimos".

Durante la segunda quincena de septiembre se suprimieron 62 trenes de forma total y otros 25 parcialmente, y solo se habilitó transporte alternativo por carretera para 12 de estos convoyes, mientras que los 478 retrasos se produjeron entre el 18 y el 21 de septiembre, incidencias que afectaron a las 12 líneas de Rodalies y regionales, con especial incidencia en la R2, R4, R1 y R3.

Así, los 125 expedientes sancionadores corresponden a 50 infracciones graves por los trenes suprimidos sin transporte alternativo; 25 por los suprimidos parcialmente, y otros 50 por los 188 retrasos superiores a 15 minutos -un expediente para cada línea y día de afectación, tal y como contempla la Ley ferroviaria catalana modificada con las recientes leyes Ómnibus-.