Martes 17/10/2017. Actualizado 01:00h

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Cataluña

Por qué sería problemático que Cataluña tuviera un concierto económico. Los ‘populares’ vascos recuerdan que el sistema exige un “rigor” que no ha demostrado el Gobierno de Mas

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El concierto económico que rige en País Vasco y Navarra es un 'objeto de deseo' histórico para la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, desde el PP vasco valoran que si los catalanes hubieran tenido un concierto económico a día de hoy, ahora estaría "pidiendo el ingreso en el sistema común del resto de autonomías" debido a sus problemas económicos y la falta de "rigor" del Gobierno de Artur Mas a la hora de gestionarlos.

“El concierto económico sería aplicable a cualquier Comunidad Autónoma, y también a Cataluña, pero para llevarlo a cabo hace falta un rigor extraordinario”. Estas palabras del Diputado General de Álava, Javier De Andrés, han servido como punto de partida para que el PP vasco valore las “dificultades” que supondría acordar un concierto como el que rige en Euskadi y Navarra en el caso catalán.

Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, los ‘populares’ del País Vasco son “escépticos” respecto a la posibilidad de que Cataluña asumiese los “riesgos” que supone un concierto.

“Si Cataluña hubiera tenido un concierto económico, ahora estaría pidiendo el ingreso en el sistema común del resto de autonomías” debido a la “mala gestión económica” que ha llevado a los catalanes a ser una de las comunidades ‘rescatadas’ por el Fondo de Financiación Autonómico, que aportó 5.000 millones de euros en 2012.

“La unilateralidad también tiene desventajas”, precisaba De Andrés: “Llegas a un acuerdo con el Estado y lo que queda lo tienes que gestionar tú”. “Si lo gestionas mal, es tu problema y no te ayudan”, indicaba. “Se ha visto que el problema que tienen en Cataluña viene de una mala gestión”, explicaba el ‘popular’. “Les falta rigor para asumir ese tipo de acuerdo”, añadió.

Tal y como contó El Confidencial Digital, el presidente catalán Artur Mas ha presionado a Mariano Rajoy para implantar un concierto económico a cambio de “rebajar la tensión” por la cuestión soberanista, especialmente tras el ‘portazo’ del Ejecutivo central al pacto fiscal que se debatió en Moncloa a finales de 2012.

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