Las retribuciones que no cobrarán los organizadores del referéndum independentista
3.000 euros para los miembros de las comisiones de seguimiento, 120 para los policías y 70 a los presidentes de mesa
El decreto que firmó Artur Mas para celebrar el 9 de noviembre el referéndum sobre la independencia de Cataluña definía numerosos aspectos logísticos de la votación. Eso incluía las “gratificaciones e indemnizaciones” que recibirían las personas que participarían en la organización de la consulta.
La Generalitat, tanto con la Ley de Consultas como con el decreto de convocatoria de la votación sobre si los ciudadanos quieren o no que Cataluña sea un estado independiente, pretende organizar toda una administración electoral paralela, muy distinta de la que se encarga de las elecciones autonómicas y municipales como de las generales en esta comunidad.
En el “sistema de garantías” que contempla el decreto del 9-N una Comisión de Control, que actuaría a modo de Junta Electoral Central y cuya designación por el Parlament también va a ser recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
A un nivel inferior se encontrarían las comisiones de seguimiento, que velarían por el cumplimiento de las normas en siete zonas, que corresponden con las veguerías que pretende establecer el gobierno de Artur Mas como organización territorial alternativa a las provincias: Barcelona, Gerona, Lérida, Campo de Tarragona, Tierras del Ebro, Cataluña Central y Alto Pirineo y Arán.
También se contemplan los coordinadores municipales en cada localidad, los representantes de los ayuntamientos y, por supuesto, los miembros de las mesas electorales. En los planes del gobierno catalán, ahora detenidos por el Tribunal Constitucional, entraba pagar a todas estas personas que iban a hacer posible la organización del referéndum independentista.
Gratificaciones de más de 3.000 euros
Tal y como ha podido comprobar El Confidencial Autonómico, el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña -ese es su nombre oficial completo- incluye un anexo donde se desgrana una larga lista de “gratificaciones e indemnizaciones”.
La suspensión cautelar de la consulta y su previsible declaración de inconstitucionalidad por el TC impedirá celebrar la consulta y por tanto tampoco se retribuirá económicamente a las distintas personas que habrían de participar en la organización del referéndum.
Según el decreto, los siete miembros de la Comisión de Control (que ya han sido nombrados por el Parlament) tendrían que recibir una gratificación, “por el ejercicio de sus funciones en el proceso de consulta”, que oscilaría entre los 3.400 euros del presidente y los 2.100 de los vocales.
Por su parte, los miembros de las siete comisiones de seguimiento territoriales cobrarían en función de las mesas establecidas en su territorio: más de mil mesas, de quinientas a mil, y menos de mil. Las cifras económicas iban desde los 3.352 a los 1.258 euros.
Además, si en el ejercicio de sus funciones los miembros de estas comisiones tuvieran que desplazarse a otros municipios por necesidades de la organización, también el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales -el encargado de celebrar la consulta- se haría cargo de sus gastos de transporte.
Los coordinadores municipales también iban a recibir una retribución por sus tareas el 9 de noviembre: entre los 932 euros en aquellos municipios con más de 50 mesas electorales, y los 755 de los que tengan menos de diez puntos de votación.
Gasto total: 4,7 millones de euros en personal
En cuanto a los ciudadanos designados como miembros de las mesas, los “salarios” establecidos por el decreto firmado por Artur Mas son prácticamente iguales a los que recibieron los presidentes y vocales de mesa en las últimas convocatorias electorales en toda España: 70 euros recibirían los presidentes, 62 cobraría cada uno de los vocales que hubiera habido en cada mesa del referéndum.
El proceso de votación también habría contado con funcionarios y personal de las administraciones encargados de transmitir los datos de participación y los resultados finales y de custodiar la documentación y las urnas. En este caso, la Generalitat les habría pagado a cada uno 120 euros, al igual que a los policías municipales que trabajaran en la seguridad de esa jornada extraordinaria.
Además, los ayuntamientos catalanes habrían recibido una indemnización por los gastos afrontados en este proceso consultivo: acondicionamiento del local, reparto de papeletas y sobres, material de escritura...
El total de gasto en personal encargado de hacer posible el referéndum sobre la independencia de Cataluña ascendería a 4.774.145,76 euros, según el cálculo del propio decreto de convocatoria en su memoria económica.
