Jueves 21/09/2017. Actualizado 01:00h

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Cataluña

Para evitar traslados forzosos, problemas con ascensos...

Los sindicatos vigilan las represalias contra los funcionarios de la Generalitat que no apoyaron a Artur Mas

Han formado comités que están visitando organismos autonómicos donde hay trabajadores que no secundaron el paro del lunes

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Visitas sorpresa a organismos de la Generalitat para detectar represalias de jefes independentistas a funcionarios rebeldes. Es la ofensiva que acaba de desplegar una delegación de medio centenar de representantes sindicales. Han comenzado a recorrer dependencias de la administración pública catalana para recabar denuncias de los trabajadores.

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se dirigen a declarar ante el TSJC por las calles de Barcelona. Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se dirigen a declarar ante el TSJC por las calles de Barcelona.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el objetivo de este equipo de “inspectores sindicales” –así se han venido a denominar- es claro: pretenden detectar “coacciones, represalias y presiones políticas” sobre los empleados públicos que se han rebelado contra el proceso independentista.

Han mantenido ya los primeros contactos con responsables de personal para interceptar instrucciones específicas de los superiores que busquen presionar a las plantillas.

El despliegue se produce después de que la Consejería de Gobernación, de la que dependen directamente los funcionarios, animara la semana pasada a todos los empleados públicos a cogerse un día libre este lunes para acudir a la manifestación a favor de Artur Mas.

Los organismos visitados acogen precisamente a empleados que no secundaron ese paro oficioso.

Se abrirá un canal confidencial de denuncias

Lo primero que han detectado estos “inspectores sindicales” en sus primeras visitas a consellerías y organismos dependientes del Gobierno catalán es una “enorme inquietud”. Los empleados públicos confiesan tener “miedo” a denunciar cualquier tipo de presión. Tienen en cuenta que las represalias entonces podrían ser aún mayores.

Así las cosas, durante las conversaciones con los trabajadores se les transmite que va a ponerse en marcha un canal confidencial de denuncias. Un sistema que permita delatar, de manera totalmente anónima, medidas adoptadas por altos cargos en sus departamentos que contravengan la ley.

Traslados forzosos de funcionarios como “represalia”

Los 50 representantes sindicales han detectado también que los funcionarios catalanes se encuentran estos días en “máxima alerta”.

El motivo es que una de las decisiones que la Generalitat tiene encima de la mesa es la aplicación de traslados forzosos de funcionarios. Una medida que dan hecho que recaerá sobre los trabajadores que dieron la espalda a la convocatoria para apoyar al ex president.

Desarrollar su trabajo en organismos independentistas

Uno de los “castigos” que más les inquieta es ser destinados por la fuerza a los organismos que la Generalitat va a crear expresamente para la desconexión con España.

El plan de las autoridades catalanas es solicitar voluntarios en un primer momento. Pero si no se completa el número de efectivos, está decidida a dictar traslados forzosos.

Destacan, como ejemplo más significativo, que el Govern contempla doblar este año la plantilla de la Hacienda catalana. En este momento, cuenta con 400 funcionarios. El objetivo es que 500 efectivos de otros departamentos pasen a trabajar para este organismo después del verano.

Por lo pronto, se han comenzado a confeccionar ya las primeras listas de posibles candidatos, pero la selección definitiva no será comunicada hasta mayo.

En este escenario, la delegación sindical que está recorriendo esta semana los distintos organismos dependientes de la Generalitat recomienda dirigirse, de inmediato, al consejero en cuestión trasladando por carta sus reparos a ese traslado o pedir la orden por escrito.

Juicios rápidos y condenas de inhabilitación

Los funcionarios tratan de evitar estos traslados forzosos que tienen trampa. No pasan por alto los “graves riesgos” que acarrea su implicación en el desarrollo de estas “entidades nacionales” que va a poner en marcha la Generalitat.

Se enfrentan a juicios rápidos y condenas de inhabilitación por parte del Estado si plasman su firma en documentos que desarrollen normativas para la desconexión con España.

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