Francisco Camps controlará a los empleados públicos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Funcionarios de incógnito evitarán que los trabajadores fichen y se marchen de sus puestos

La Generalitat valenciana va a controlar con funcionarios de incógnito a los empleados públicos de los juzgados de Valencia que incumplen el horario. El departamento de Justicia lleva trabajando en el proyecto desde noviembre pero ha acelerado la implantación tras las últimas denuncias que evidenciaban que algunos funcionarios fichan y se marchan de sus puestos de trabajo. Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, los funcionarios que van a comprobar que los trabajadores se sientan en sus mesas y encienden el ordenador pertenecen a la propia Conselleria de Justicia, aunque no están adscritos a los juzgados para evitar que sean reconocidos por los infractores. Las mismas fuentes explican que la Dirección General de Justicia ya ha habilitado una jefatura de unidad para "incrementar la efectividad del control de presencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo". El Consell advirtió hace unos días que los funcionarios de la Ciudad de la Justicia que fichan y se marcha tendrán "el correctivo necesario". La intención de la Generalitat es comenzar a extremar la vigilancia en los juzgados que tienen implantado el sistema de control biométrico. Hasta la denuncia hecha pública la semana pasada, medio centenar de funcionarios fichaba a primera hora en la Ciudad de la Justicia de Valencia y se iba. Fuentes de la Generalitat valenciana consultadas por ECA comentan que los funcionarios que acumulen tres faltas de abandono de destino pueden ser castigados con el traslado forzoso de juzgado o incluso con la suspensión de empleo y sueldo, ya que se considera un incumplimiento grave. La Conselleria de Justicia implantó el control biométrico en noviembre de 2006 para evitar el absentismo después de que los jueces valencianos se quejaran de que algunos funcionarios trabajaban una media de veinte horas a la semana. Los funcionarios de Justicia están obligados a realizar treinta y siete horas y media semanales. El Ejecutivo de Francisco Camps sólo ha podido implantar el sistema de control de horarios mediante huella en los juzgados de las ciudades de Valencia -que concentra a un 33% del personal-, Castellón y Elx por la oposición de los sindicatos y los funcionarios en otros centros de la Comunidad.

 

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