Las encuestas ‘internas’ de la Generalitat valenciana llegan a los juzgados. Cuestan 120.000 euros al año y el Tribunal Superior de Justicia ha admitido la demanda para que se hagan públicas

“Los resultados de los barómetros que hace la Generalitat, que no se quieren hacer públicos, son filtrados por el Gobierno del PP según su conveniencia”. Así denunciaron los diputados de Compromís la negativa del Consell valenciano a llevar a la Cámara los resultados de las encuestas de opinión que habían realizado en 2012. Ahora su queja ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha admitido el proceso en un auto.

Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, la primera petición escrita que llegó a la Mesa de las Corts para acceder a la documentación de las encuestas data de noviembre de 2012. Ante la negativa oficial de hacerlas públicas, el grupo parlamentario de Compromís presentó el 10 de febrero un recurso contencioso-administrativo al que el TSJV ha dado ‘luz verde’ este mes.

Tal y como explican fuentes parlamentarias a este confidencial, dicho recurso se presentó después de que el diputado de Compromís, Fran Ferri, registrara en Las Cortes Valencianas una serie de “peticiones” de documentación “que no fueron satisfechas” en noviembre de 2012.

Se denegó el acceso a los informes de resultados de todos los “estudios de opinión pública sobre la acción del Consell” realizados en 2012. La respuesta del equipo de Gobierno fue que las encuestas tenían un “carácter instrumental” para la elaboración de “informes internos de la Administración”.

Las encuestas ‘ocultas’ y sus costes

Desde Compromís aseguran que la Generalitat “esconde las encuestas pagadas con dinero público” porque pueden poner en entredicho la “conformidad” de la ciudadanía con la gestión del del Consell, presidido por el ‘popular’ Alberto Fabra.

Esta denuncia coincide con la confirmación oficial en el BOE del cierre de un contrato entre el Ejecutivo valenciano y una empresa, GfK Emer, dedicada a la investigación de mercados. El objeto es la elaboración de cuatro nuevas encuestas de opinión entre los valencianos, de carácter trimestral, y se ha presupuestado en 119.790 euros al año.

Según Compromís, “si la justicia no pone remedio”, estos cuestionarios y sus resultados también “serán ocultados a la ciudadanía” y supondrá un caso de “uso fraudulento del dinero público”.

De acuerdo con el auto al que ha tenido acceso este diario, ha comenzado el plazo de 8 días para que Compromís formalice su demanda ante el TSJV.