Miércoles 20/09/2017. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

El Gobierno valenciano viaja a Bruselas con el objetivo de reactivar el ‘ladrillo’: buscará apoyo en la UE para vender 120.000 viviendas a extranjeros

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La crisis ha dejado a la economía valenciana sin su principal y más rentable 'motor': el mercado inmobiliario. Para regenerar la actividad económica del sector y deshacerse de pisos vacios, una representación de la Generalitat ha viajado a Bruselas para poner en marcha la venta de 120.000 viviendas a extranjeros.

El Consell busca fuera de las fronteras españolas a los potenciales compradores de las 120.000 viviendas sin ocupar que se calcula hay en la Comunitat, al margen de animarles a que compren también inmuebles de segunda mano o los alquilen.

En la mente de los gestores del Consell están los miles de chalés y apartamentos que se vendieron a extranjeros en el año 2006 por valor de 4.100 millones de euros. Una cantidad que Vicente Dómine, director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Viviendas, equipara con la exportación anual de Ford desde su factoría en Almussafes o la de todo el sector agrario valenciano, con la diferencia de que mientras la compañía automovilística ensambla los vehículos con piezas elaboradas en el extranjero, en el sector inmobiliario es todo autóctono y su activación se traduce en un efecto multiplicador del empleo local.

Ese objetivo soñado, el de llegar a un mercado inmobiliario anual de 4.100 millones de euros, es al que aspira el Gobierno valenciano. Para ello la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, apoyada por José Vicente Morata, presidente del consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat, está manteniendo a lo largo del día de hoy una serie de reuniones en Bruselas para trasladar «la tremenda seguridad jurídica que en materia de urbanismo dispone la Comunitat Valenciana», señaló Dómine.

La visita a Bruselas «no es una misión comercial, porque el Instituto Valenciano de la Exportación así lo ha decidido», afirmó el director general. Se trata de ensalzar ante los socios europeos la seguridad jurídica que existe en la Comunitat a la hora de la transacción de inmuebles. Unas garantías jurídicas que avala el hecho de que las viviendas tengan que pasar por los registradores de la propiedad y previamente por las notarías. También van a ofertas garantías fiscales, las de prestación de servicios europeos y garantía de la calidad de vida que oferta la Comunitat Valenciana.

«Nos interesa que en la UE se vea que nuestros inmuebles disponen de grandes garantías, como el seguro de edificación a 10 años», dijo Dómine, que insistió en que también se está consiguiendo agilizar la tramitación de una NIF para los extranjeros que adquieran una propiedad, un requisito imprescindible para efectuar la compra. Cuantas más facilidades se concedan para efectuar una compra con rapidez más difícil es que el potencial comprador se eche atrás en una operación.

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