Viernes 18/08/2017. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

Piden que la empresa concesionaria no reciba indemnización

Vecinos y políticos de la costa de Castellón exigen responsabilidades al Gobierno y a ACS tras la renuncia al almacén de gas Castor

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Los hosteleros celebran la buena noticia para el turismo en la zona: “Los seísmos provocados generaban dudas en las agencias de viajes”.

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Esta semana, Escal UGS comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que renuncia a la concesión del almacén de gas frente a la costa de Castellón y Tarragona. Tras meses de polémicas por los temblores de tierra y por la paralización de sus actividades por orden del Gobierno, la filial de ACS ha decidido poner punto y final al proyecto.

Concentración contra la plataforma Castor frente al ayuntamiento de Peñíscola. Concentración contra la plataforma Castor frente al ayuntamiento de Peñíscola.

En las ciudades próximas al Castor, Benicarló, Vinaroz y Peñíscola, se ha recibido con gran alegría la renuncia de ACS –accionista mayoritario de Escal UGS, empresa constructora y gestora del Castor- a gestionar el almacén de gas, porque se considera que es “avanzar el cierre definitivo”, como afirma a El Confidencial Autonómico el alcalde de Peñiscola, Andrés Martínez, que además califica el anuncio como “broche para la irresponsabilidad del Partido Socialista, que autorizó este almacén de gas con gran precipitación y ausencia de rigor técnico”.

Sin embargo, como el Gobierno ha de compensar en principio a la entidad concesionaria, “siempre que las instalaciones estén operativas”, y ahora no lo están, vecinos y partidos políticos demandan que no paguen los ciudadanos y se exijan responsabilidades económicas y políticas.

Sanciones y responsabilidades

Al renunciar ACS a la concesión, la gestión del almacén de gas vuelve al Estado, de acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 855/2008, por el que se concedió la explotación, y que también prevé “sanciones a que dieran lugar las causas que la provocan” (la revocación).

Para que haya sanción, ha de probarse que hubo dolo o negligencia. Según afirman a ECA fuentes próximas al proceso, “es evidente que hubo negligencia, tanto del Gobierno al autorizar el almacén de gas como por parte de la concesionaria”.

En similares términos, Enric Nomdedeu, portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, asegura que “debe haber asunción responsabilidades para quienes abrieron esa planta sin las garantías suficientes, y desde luego hubo enormes fallos de planificación y estudio”.

Desde Esquerra Unida, como señala a El Confidencial Autonómico el diputado en el Congreso de los Diputados Ricardo Sixto, se pide que “la empresa concesionaria no se vaya de rositas ni con 1.700 millones, que son los que pide Escal UGS por la construcción, gas inyectado y gastos financieros del Castor”.

También gran parte de los vecinos se oponen a que se indemnice a Escal, como es el caso de la Plataforma en Defensa de las Terres del Sènia, que declara que “puesto que no está operativo el almacén, no hay que indemnizar”.

“Realismo” del presidente de la Diputación y de los ecologistas

Junto a la alegría en todos los ámbitos de la provincia de Castellón por la renuncia a gestionar el almacén Castor, llama la atención el “realismo resignado” de Ecologistas en acción, que se muestran convencidos que “tocará pagar a los ciudadanos, pues las firmas inversoras no asumían riesgos”.

En similares términos se pronuncia Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón, que también se alegra por la noticia del cierre, pero considera que “tendremos que pagar entre todos lo que ha costado Castor”.

Excelente noticia para el sector turístico

La noticia de la renuncia de ACS a gestionar la planta de gas ha sido especialmente bien recibida desde el sector turístico. Carlos Escorihuela, presidente de la patronal castellonense ASHOTUR, ha declarado a El Confidencial Autonómico que “es la mejor noticia que nos podía llegar al sector en este comienzo de verano, pues los seísmos producidos en otoño pasado generaban algunas dudas en colectivos o agencias de viajes”.

Andrés Martínez, alcalde de la turística ciudad de Peñíscola, ha sido el más contundente al pedir desde hace meses el desmantelamiento del almacén de gas, pidiendo “que se lo lleven cuanto antes”, y ahora celebra que “ha desaparecido nuestro principal obstáculo para el turismo, que era el irresponsable almacén de gas Castor”.

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