Martes 19/09/2017. Actualizado 01:00h

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Comunidad Valenciana

‘Caso Gürtel’

La desimputación del alcalde de Castellón pone en entredicho la “línea roja” de Alberto Fabra ante la corrupción

Comunidad Valenciana

Cargos del PP valenciano piden al presidente que reconsidere su posición de obligar a dejar el cargo a quien sea llamado a declarar

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El juez que instruye la pieza del ‘Caso Gürtel’ en la Comunidad Valenciana ha procesado a 27 de los 32 imputados en esta investigación sobre la trama de corrupción en el PP. Entre los excluidos del procesamiento está el alcalde de Castellón de la Plana, Alfonso Bataller, a quien el líder regional Alberto Fabra no le había exigido dimitir, como sí ha hecho con otros cargos políticos.

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, con el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, con el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.

También se ha salvado del procesamiento la deportista Niurka Montalvo, mientras que sí se sentarán en el banquillo tres ex consejeros de los gobiernos de Francisco Camps: Luis Rosado, Manuel Cervera y Alicia de Miguel. El juez les acusa de haber “troceado” contratos públicos para beneficiar a Orange Market, la empresa que utilizaba el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Fuentes cercanas al proceso judicial aseguran a El Confidencial Autonómico, “es un auténtico juicio a una etapa de gobierno en la Generalitat Valenciana durante los años que fue presidente Francisco Camps”.

Críticas en el PP a la “línea roja” marcada por Fabra

En esta pieza del caso Gürtel, el juez Ceres no procesará al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, que estaba inicialmente imputado, al igual que otros cuatro altos cargos que se han “librado”.

Hace tiempo, el presidente del Partido Popular valenciano trazó una “línea roja” ante el goteo de imputaciones de diputados y otros cargos populares que eran implicados en casos de corrupción: todo político imputado debía dimitir. Sin embargo, algunos no lo hicieron, y ahora la justicia ha beneficiado a Alfonso Bataller, que accedió a la alcaldía en Castellón por decisión de Alberto Fabra, en julio de 2011, cuando el ahora presidente y entonces primer edil de la ciudad sustituyó a Francisco Camps en el Palau de la Generalitat.

El Confidencial Autonómico ha podido saber que dentro del PP valenciano existe un fuerte debate sobre quiénes deben dimitir en estos casos judiciales y cuándo deben ellos o el partido tomar la decisión de abandonar sus responsabilidades. No han sido pocas las voces discordantes con la decisión de Fabra de fijar esa “línea roja” en el momento de la imputación, y el caso de Alfonso Bataller ha reabierto ese debate.

Un alto cargo de la organización popular de la Comunidad Valenciana destaca, en conversación con ECA, lo que es una reflexión extendida en parte del PP regional: “El hecho de que no se procese al alcalde de Castellón, elegido por el propio Fabra, debe hacerle recapacitar, pues hubiera sido injusto que dimitiera y ahora no se le procesara”. Se refieren a que, si hubiera aplicado ese criterio, Bataller habría dejado la alcaldía tras su imputación pero ahora ha quedado excluido del procesamiento.

Esquerra Unida pide elecciones anticipadas

Por su parte, el procesamiento de 27 personas, incluidos tres ex consejeros del gobierno valenciano, ha desatado la reacción de la oposición. Según ha expresado Marga Sanz, síndica de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), “la situación política es insostenible ante esta noticia, que escenifica el cáncer de la corrupción que alimentó el PP a favor de sus amigos de Orange Market y toda su trama”.

Sanz afirma que “entre los que van a entrar en la cárcel, los procesados y los imputados, parece que estemos ante una película de Berlanga, y Fabra no tiene ya margen ni crédito político”.

Por ello, Sanz pide a Fabra que “convoque elecciones anticipadas de forma inmediata por la salud de nuestra democracia”, opción que Fabra ha desestimado en reiteradas ocasiones en estos meses con el argumento de que los hechos investigados y las personas procesadas pertenecen a una etapa anterior a su llegada al Palau, en 2011 tras la dimisión de Francisco Camps.

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