Viernes 09/12/2016. Actualizado 20:22h

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Estado Autonómico

La Armada española no puede proteger los ‘pecios’ hundidos en el litoral de la Península. Las comunidades autónomas están poniendo trabas a sus trabajos

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En julio de 2009, los Ministerios de Cultura y Defensa firmaron diversos convenios para que fuese la Armada la que protegiese los tesoros hundidos en el litoral español y evitar así expolios como los del 'Odyssey'. Pero las Comunidades Autónomas no han dado su consentimiento y 'entorpecen' sus labores. La Marina española ha pedido a las Comunidades Autónomas que flexibilicen su postura, puesto que la Ley de Patrimonio Histórico vigente desde 1985 les reserva las competencias para poder hacer exploraciones en su litoral, según informa la Armada. El convenio de Cultura y Defensa fijaba que la Armada debería aportar medios materiales y humanos para proteger el patrimonio sumergido, además de diseñar una carta arqueológica submarina y localizar pecios de barcos hundidos hace más de un siglo. Sin embargo, el convenio necesitaba del consenso total entre todas las Comunidades Autónomas. Ante la falta de acuerdo, la iniciativa quedó bloqueada y sin remedio para 'reflotarla'. Desde la Armada se estima urgente introducir modificaciones, porque con el actual marco normativo, "queda huérfana de cometidos y competencias" en el hallazgo de buques que en su día formaron parte de su flota y que por tanto, "son barcos de Estado", indican. Para la Marina española, "es importante que se vea en el mundo que en España se actúa sobre este patrimonio, porque cualquier hueco que se deje, vendrán a rellenarlo los cazatesoros, que ven que los llevamos a juicio, pero que mientras, no hacemos nada", en referencia al caso "Odyssey". Esta empresa estadounidense halló en mayo de 2007 un tesoro en el lugar del hundimiento de la fragata española "Nuestra Señora de las Mercedes". Un juez de Tampa (Florida) ordenó el pasado mes de diciembre poner el tesoro en manos de España, decisión que la empresa ha recurrido. Este caso llevó al Gobierno a impulsar la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico para evitar nuevos expolios, una reforma que aún está pendiente.