Lunes 21/08/2017. Actualizado 01:00h

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Estado Autonómico

“Es necesaria una reforma de la Constitución para mejorar el Estado autonómico”. La conclusión de un foro con expertos del PP y del PSOE

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Diez expertos en política autonómica, entre los que se encontraban representantes de PP y PSOE, se reunieron en un foro de debate sobre el fututo del Estado autonómico en España. Del decálogo de conclusiones al que llegaron, destacan la necesidad de una reforma constitucional, la agrupación de municipios, y la privatización de los entes públicos.

El pasado 27 de octubre, la Fundación Ciudadanía y Valores convocó una mesa redonda de expertos para debatir el informe “Diez propuestas para la racionalización del Estado Autonómico”, que contó con representantes del sector académico político y de la Administración pública.

Al ponente y coordinador del informe, Javier Tajadura, le acompañaron representantes políticos del PSOE, PP, CiU y UPN: Elviro Aranda, diputado en el Congreso por el partido socialista; Ignacio Astarloa, Diputado en el Congreso por el Partido Popular; Manuel Silva, consejero del Consejo de Estado, exdiputado de CIU; y Salvador Estébanez, Delegado del Gobierno de Navarra.

El informe sobre el que estuvieron debatiendo, y al que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico, introduce diez propuestas para la racionalización del Estado Autonómico. Son las siguientes:

1. La limitación de la dimensión institucional del Estado Autonómico. Eliminar todos aquellos órganos que puedan resultar superfluos para el ejercicio del principio de autonomía y la resolución de los problemas de los ciudadanos.

2. La reforma de los Parlamentos Autonómicos. Disminuir la distancia que se ha establecido entre representantes y representados; y sustituir los sueldos de los parlamentarios autonómicos por un sistema de dietas.

3. La agrupación de municipios. Pasar de los 8.112 municipios actuales a unos 2.000, que podrían identificarse en muchos casos con comarcas geográficas. Se establecería un mínimo estimativo de 10.000 habitantes por municipio.

4. La redefinición institucional de las Diputaciones Provinciales. La reforma legal tendría que incluir una definición clara y cerrada acerca de qué competencias de las actuales Diputaciones debería asumir cada Administración receptora (Municipio o Comunidad Autónoma).

5. La privatización de los entes autonómicos de comunicación audiovisual. No se ven razones políticas que las justifiquen. De la misma manera que no existe un periódico público autonómico no tiene sentido la existencia de una televisión pública autonómica.

6. La reordenación del mapa universitario. La Universidad española se caracteriza por una predominancia de la “cantidad” frente a la “calidad”, que ha generado unos efectos negativos en la formación de los titulados. En este sentido, el localismo ha sido un elemento perverso que hay que erradicar.

7. El control del déficit de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. Es precisa una reforma legislativa que fije los límites de endeudamiento y los techos de gasto de las CCAA y del propio Estado.

8. El reforzamiento de la unidad de mercado como garantía del crecimiento económico y la cohesión social. Cohesión para evitar el reparto territorial del poder.

9. La reforma de la enseñanza y la no discriminación por razones lingüísticas. Correcta relación entre la lengua oficial del estado, el español, y las lenguas cooficiales, tanto en el ámbito de la administración como de la educación.

10. La aprobación de una Ley General de Cooperación. La Ley General de cooperación debería recoger los distintos procedimientos e instrumentos de cooperación tanto horizontal como vertical. Entre estos cabe destacar las Conferencias Sectoriales y los convenios de cooperación.

Los representantes políticos, junto a catedráticos y profesores de universidades, debatieron las posibilidades de cada una de estas propuestas y llegaron a la conclusión de que la reforma del Estado autonómico sólo sería posible a través de una revisión de la Constitución.

“Somos
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