Martes 26/09/2017. Actualizado 01:00h

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Estado Autonómico

Lo exigió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera

Las autonomías desobedecen a Montoro y se niegan a suprimir los defensores del pueblo

Estado Autonómico

Solo Asturias y Castilla-La Mancha han desmantelado los organismos. Otras nueve comunidades se enrocan y defienden que la institución figura en sus Estatutos

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Los defensores del pueblo autonómicos eran los primeros organismos que el Gobierno se había propuesto suprimir porque cumplen las mismas funciones que el que existe a nivel estatal. Algunas regiones con Gobierno del PP, como Castilla-La Mancha, ya han optado por su eliminación. Pero en la mayoría de las comunidades se niegan a cerrarlos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con varios presidentes autonómicos y el Príncipe, en una Conferencia de Presidentes. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con varios presidentes autonómicos y el Príncipe, en una Conferencia de Presidentes.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras del proceso, el ministro Montoro no ha conseguido convencer a los presidentes y consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas sobre que la supresión de organismos puede ayudarles a cumplir sus objetivos de déficit.

El último recordatario de Hacienda se produjo durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada, donde se insistió concretamente a las autoridades regionales en el cierre de los defensores del pueblo para evitar duplicidades.

Nueve comunidades pasan de Montoro

Era un mensaje dirigido directamente a las nueve comunidades que han hecho oídos sordos a las recomendaciones del Gobierno central para la reforma de las Administraciones Públicas.

Son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia. Solo Asturias y Castilla-La Mancha han cumplido. Murcia ya lo suprimió con anterioridad a la reclamación de Hacienda.

Figuran en los Estatutos de Autonomía

Mientras, según las fuentes consultadas, en las autonomías se agarran al “factor identitario o afectivo” para mantener operativos estos organismos y desobedecer las directrices de Hacienda. Es el argumento más utilizado, sobre todo, por el País Vasco y Cataluña.

Tampoco Andalucía, Galicia y Aragón tienen previsto eliminar de su organigrama institucional al defensor del pueblo. Estas regiones alegan “connotadas referencias históricas” y que los organismos figuran en sus estatutos de autonomía.

Ahorro de 90 millones en tres años

El Gobierno realiza una estimación aproximada del ahorro global en tres años si se suprimen, que cifra en 90,3 millones (el ahorro neto anual sería de 30,1 millones).

A su juicio, esta medida permitiría optimizar los recursos. Revelan que el coste medio de tramitar una queja en los defensores autonómicos es de 78 euros frente a los 19 euros a nivel estatal.

Destaca también el bajo rendimiento de los recursos destinados a los defensores del pueblo autonómicos, ya que 346 personas tramitan 38.407 quejas mientras que en el estatal 165 tramitan 33.849.

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