Los sindicatos denuncian anomalías en la contratación de personal docente en la Universidad de Extremadura. Se acumulan quejas, recursos en los juzgados y despidos improcedentes
Los criterios de baremación que rigen los procesos de selección de la Universidad de Extremadura han generado malestar tanto en la actual plantilla como entre los aspirantes a puestos de profesor e investigador. En Comisiones Obreras aseguran que el centro está incurriendo en "irregularidades" en la elección de las fórmulas de contratación, una práctica que ya genera "problemas judiciales" para la Universidad: hay más de 80 reclamaciones en los juzgados.
La gestión del personal docente –laboral y temporal– que está llevando a cabo la Universidad de Extremadura está provocando quejas por parte de varios sindicatos, que critican la “arbitrariedad” de los baremos usados en las contrataciones. Según explican fuentes de la Federación de Enseñanza de CCOO a El Confidencial Autonómico, se está dando un “mal uso de las figuras contractuales”.
“La Universidad ya ha sido condenada en al menos tres ocasiones por haber despedido a personal de forma improcedente”, aclaran desde el sindicato.
“Hay muchas maneras de contratar: como profesor sustituto, asociado, colaborador,...”, comentan, y lo que sucede en Extremadura es que “se contrata ‘mal’”, confundiendo categorías y atribuciones, e incurriendo en “irregularidades que llegan a lo inconstitucional”.
Como ejemplo, citan la convocatoria de una reciente plaza de científico-investigador, cuyos detalles aún pueden consultarse en la página web del centro universitario. “Uno de los requisitos es ser licenciado en la UEX”, explican desde CCOO, tal y como figura en el anexo I.
“Esa obligación vulnera el principio de libre concurrencia que impera en este ámbito”, precisan: “Cualquier licenciado en cualquier centro debería poder presentarse mientras tenga la formación y experiencia necesarias para el puesto”.
Los sindicatos destacan el “inmovilismo” del Vicerrectorado de profesorado de la UEX, que “no ha dado marcha atrás” en sus prácticas pese a las quejas, muchas de las cuales han llegado a los juzgados.
“Un contencioso que impugna este tipo de convocatorias o la arbitrariedad en la puntuación puede tardar en resolverse un curso, o un curso y medio”, precisan.
“Además, suponen costes tanto al denunciante como a la Universidad”, que en ocasiones ha debido abonar indemnizaciones importantes.
Los profesores asociados, cada vez menos
Otra de las reivindicaciones del sindicato pasa por la decisión cada vez más habitual de no renovar al profesorado asociado, pensado para atender necesidades docentes específicas.
“Esta figura está pensada para que, por ejemplo, un juez en ejercicio acuda a impartir determinadas clases a alumnos de Derecho”, comentan.
“Esa fórmula de contratación ‘se ahorra’ los despidos; basta con no renovar el contrato”. Según denuncian, los motivos para no volver a firmar son “poco objetivos”, apoyados en “una medición de la actividad docente que no se ajusta a la realidad”.
