Martes 06/12/2016. Actualizado 01:00h

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Extremadura

Se cumplen las sospechas de Monago sobre la deuda histórica en el Estatuto de Extremadura. El PSOE ha tocado el texto, aunque ofrecerá al PP un modelo de pago como en Andalucía

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El pasado mes de abril, el presidente del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Monago, dio a conocer sus sospechas acerca de la actitud del PSOE respecto al cobro de la deuda histórica, recogida en el proyecto de reforma del estatuto. El 'popular' indicó la posibilidad de ese punto fuese tocado por los socialistas, como finalmente se ha producido. Según ha podido confirmar El Confidencial Autonómico, el PSOE va a ofrecer al PP que el asunto de la deuda histórica extremeña quede reflejado en el nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura, que se está tramitando en el Congreso, con una fórmula similar a la que se utilizó en el caso del Estatuto andaluz. Precisamente, ese era el requisito mínimo que pedía el presidente de los 'populares' en la región. Ambos partidos tienen ultimado un pequeño paquete de enmiendas al texto, casi todas de carácter técnico, y que no modifican en lo sustancial la propuesta aprobada por la Asamblea de Extremadura el pasado mes de septiembre, también con el consenso de los dos grandes partidos. Sin embargo, los escollos surgieron al analizar las disposiciones adicionales primera y segunda del Estatuto, que prevén el pago de la deuda histórica extremeña y las inversiones complementarias anuales, vía Presupuestos Generales del Estado, que habrían de realizarse en la región para lograr su convergencia con el resto de España y que tendrían que ser equivalentes al uno por ciento del Producto Interior Bruto regional. El PSOE tiene previsto proponer al PP que el tema se resuelva igual que se hizo en el Estatuto Andaluz de 2007, que fijó un plazo de 18 meses para que la Comisión Mixta de Transfencias (Andalucía-Administración Central) acordase "los criterios, alcance y cuantía" que condujeran a "la ejecución definitiva" para el abono de la deuda, y otro de tres años, a partir de la entrada en vigor de la norma, para la aplicación de esos acuerdos. La norma andaluza prevé que la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población de esta comunidad autónoma sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años.