Miércoles 07/12/2016. Actualizado 13:00h

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Extremadura

Las relaciones con Portugal y el trasvase Tajo-Segura se han convertido en los puntos más problemáticos de los Estatutos de Extremadura y Castilla-La Mancha

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El Estatuto de Extremadura ha sido el último en llegar a sede parlamentaria, y la Mesa del Congreso ha arbitrado una solución jurídica para tratarlo sin las dilaciones que supuestamente iba a encontrar por la situación de estancamiento en que se halla el Estatuto de Castilla La Mancha, también en el Congreso. En el Estatuto extremeño no preocupa su aprobación parlamentaria; en cambio, sí ha servido para generar polémica entre los nacionalistas catalanes porque lo comparan con lo que ha ocurrido con el suyo, con el Estatuto de Cataluña, recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular, entre otros actores. El reproche que hacen los nacionalistas catalanes es que se aceptan artículos para Extremadura que otros artículos de igual contenido que han sido recurridos en el Estatuto de Cataluña. La aceptación por parte del PP de esos artículos en un texto y no en otro es algo que ya ocurrió, por ejemplo, con el Estatuto de Andalucía, también por comparación con el de Cataluña. En concreto, entre las cuestiones recurridas en el caso catalán que sí han salido adelante en el extremeño se encuentran la inversión del Estado en la Comunidad Autónoma según el PIB,la potenciación del Tribunal Superior de Justicia autonómico en detrimento del Tribunal Supremo, y sobre todo, el papel de Extremadura en sus relaciones internacionales en lo que afecta a Portugal. CiU, por ejemplo, considera un agravio comparativo el hecho de que no haya quejas por el establecimiento de un órgano extremeño específico encargado de las relaciones con Portugal, por la participación orgánica en las reuniones bilaterales o por las actividades de difusión y promoción del portugués y la cultura portuguesa en territorio extremeño. Los nacionalistas catalanes indican que el Estatuto de Extremadura consagra la asimetría entre Comunidades Autónomas sin que el PP haya alzado la voz. El Estatuto de Castilla la Mancha está paralizado por la falta de acuerdo entre PP y PSOE El Estatuto de Castilla La Mancha, por su parte, conoce problemas de índole distinta. Hace casi dos años que se presentó en el Congreso de los Diputados y, desde los primeros debates, quedaron claras las posiciones: los nacionalistas aprobarán lo que los partidos de implantación nacional acuerden, y el acuerdo entre estos, según fuentes parlamentarias consultadas por El Confidencial Autonómico, alcanza más de un 95% del texto legal presentado. Igual proporción alcanzan las enmiendas, donde el consenso es prácticamente total, por ser casi todas ellas de carácter técnico. El Estatuto, por tanto, estuvo a punto de ser aprobado en febrero y abril de este mismo año, pero no se logró salvar el escollo que aún causa su retraso: la alusión, en el preámbulo del texto, a la "caducidad del trasvase Tajo-Segura", expresión criticada por los 'populares': "se trata de un brindis al sol, es una bofetada inútil a Valencia y Murcia". En este punto, los socialistas castellano manchegos se han encontrado también con la oposición de sus colegas levantinos. Pedro Saura, jefe de filas del PSOE murciano, acaba de hacer declaraciones públicas en las que deplora el tratamiento que el Estatuto castellano-manchego otorga al trasvase, al tiempo que, según fuentes parlamentarias consultadas por ECA, los diputados socialistas de Murcia y Comunidad Valenciana son los que están haciendo presión para impedir la llegada a buen puerto de un Estatuto impulsado de modo muy personal por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, José María Barreda, quien ha llegado a asegurar en privado que "si el Estatuto gusta en Murcia y en Valencia, es que es un fracaso". Con todo, la retirada del Estatuto por parte de las cortes castellano-manchegas, es algo que ya no se contempla. De retirarse, seguirían el precedente jurídico aplicado en primer término por el Estatuto canario, devuelto a las cortes de dicha Comunidad. Esta retirada tendría efectos políticos muy nocivos para Barreda, quien quedaría así como perdedor de una batalla con sus propios compañeros y superiores en el partido.