Lunes 25/09/2017. Actualizado 01:00h

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La Asamblea de Madrid rechazará por tercera vez suprimir el Consejo Consultivo autonómico

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UPyD presenta una propuesta para eliminar este organismo “con escasa actividad y un elevado coste”, pero el PP defiende su utilidad en la elaboración de leyes

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En el marco la reducción de entes y organismos de las administraciones, Unión Progreso y Democracia vuelve a solicitar al gobierno de la Comunidad de Madrid que suprima el Consejo Consultivo autonómico. La formación magenta asegura que es un órgano duplicado del Consejo de Estado y que sus miembros tienen menos independencia de los consejeros del órgano consultivo nacional.

Logo del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y vista del pleno de la Asamblea. Logo del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y vista del pleno de la Asamblea.

La diputada de UPyD en la Asamblea de Madrid Elvira García Piñeiro ha presentado una proposición no de ley -que se debate este miércoles 14 de mayo y se puede leer íntegra pinchando aquí- en la que pide a la cámara regional que inste al gobierno de Ignacio González a que, en el plazo de dos meses presente un proyecto de ley “que tenga por objeto la supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid”.

No es la primera vez que el grupo que dirige Luis de Velasco propone a los diputados del parlamento madrileño la eliminación de este ente como medida reducción de duplicidades entre administraciones y organismos. Ya en noviembre de 2013 UPyD presentó la misma iniciativa en comisión, pero tanto PP como PSOE la rechazaron.

Además, hace dos años, en mayo de 2012, ya pidió en una proposición no de ley la eliminación tanto del Consejo Consultivo como de la Agencia de Protección de Datos. En esta ocasión, también fue tumbada la propuesta.

El PP defiende la utilidad del Consejo Consultivo

La propuesta de cerrar el Consejo Consultivo recibirá un tercer “no”. El Confidencial Autonómico ha podido confirmar, de fuentes del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, que el PP votará en contra de la petición de UPyD, por lo que su mayoría absoluta será suficiente para evitar su aprobación, independientemente de lo que voten PSOE e Izquierda Unida.

Fuentes populares consultadas aseguran que el gobierno de Ignacio González y el Partido Popular de la Comunidad de Madrid defienden la existencia del Consejo Consultivo porque cumple una función necesaria para el buen y ágil funcionamiento del sistema legislativo autonómico, al emitir informes que se aportan al proceso de elaboración de las leyes.

Además, esgrimen el hecho de que, salvo Cantabria, todas las comunidades autónomas de España cuenta con un órgano asesor similar, y critican a los diputados magenta: “UPyD debería ser coherente, porque en Asturias se opusieron a reducir el número de miembros del consejo consultivo”.

Excesivo gasto, falta de independencia, duplicidades...

Desde Unión Progreso y Democracia, sin embargo, señalan al Consejo Consultivo autonómico como ejemplo de las “duplicidades, redundancias y gastos innecesarios” que existen en la administración regional madrileña. Además, denuncian que estos órganos autonómicos -el madrileño y el de otras comunidades- “adolecen de las garantías de independencia orgánica y funcional de que goza el Consejo de Estado”, y citan el caso de Ignacio Astarloa, diputado del PP en el Congreso que recientemente fue nombrado presidente del Consejo Consultivo de Madrid.

También critican el “elevado coste” del órgano: “Según el contenido de la memoria del Consejo Consultivo del año 2009, se emitieron 563 expedientes, y según la del año 2010, 504 expedientes. Teniendo una dotación presupuestaria de 5.668.920 € y una liquidación de 4.167.305 € en el año 2009, y un presupuesto de 4.962.421 € y liquidación de 3.857.862 €, el resultado es que cada expediente de 2009 arroja un coste de 7.402 € y cada uno 2010 de 7.654 €. Por otra parte, el presupuesto para el año 2012 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es de 4.962.421 €, de los cuales el 81,51 por ciento lo constituyen gastos de personal, y 291.755 € de gasto en arrendamiento de edificios”.

Por todo ello, la propuesta de UPyD consiste en que el gobierno de Ignacio González suprima este organismo y, si necesita asesoramiento jurídico, se apoye en los funcionarios de la Consejería de presidencia, por ejemplo, o en el Consejo de Estado de carácter nacional, que asesora al Gobierno central.

Fuentes del grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia aseguran que era un asunto importante que querían llevar al pleno, pero suponen que su propuesta será de nuevo rechazada. Sin embargo, recuerdan que también les tumbaron la propuesta de suprimir la Agencia Madrileña de Protección de Datos, que terminó siendo cerrada: “Siempre se oponen, y luego acaban haciendo lo que habíamos pedido, pero así parece que ha sido idea suya”.

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