Jueves 08/12/2016. Actualizado 20:22h

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Madrid

Más de mil farmacias madrileñas recurren ante el Supremo la normativa que les obliga a aportar más dinero al Estado

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Un total de 1.056 titulares de farmacias madrileñas han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto 2.130 que impone la subida de la aportación de las boticas al Estado por las recetas de los funcionarios públicos. Para los farmacéuticos, la medida es una "sangría" que puede degenerar en importantes reducciones de plantilla y cierres de establecimientos. Los farmacéuticos madrileños están en pie de guerra contra el Ministerio de Administraciones Públicas y su titular, Elena Salgado -anterior ministra de Sanidad-, por el decreto que ha entrado en vigor y que introduce una serie de descuentos en las recetas de los funcionarios y militares y por los que las farmacias deberán aportar más dinero. El gremio las califica de "ilegales y confiscatorias". Ante esta situación, los boticarios de la capital enviaron una carta a María Teresa Fernández de la Vega -de la que dicen aún no han tenido respuesta- y otra al Defensor del Pueblo, que ya ha sido admitida a trámite. El gremio farmacéutico de Madrid resalta que en Ceuta y Melilla hay un régimen mucho más suave de descuentos por el alto número de funcionarios que hay en ambas ciudades autónomas. Sin embargo, consideran que en toda la Comunidad de Madrid hay cerca de 300.000 funcionarios y militares, y en distritos como Moncloa o La Latina y en localidades como Alcalá de Henares hay un número muy considerable de trabajadores públicos.