Los jueces están listos para ordenar el internamiento de personas sospechosas de ébola que se nieguen al ingreso
Los magistrados de lo contencioso-administrativo ejercerán ese atribución ante peticiones de las autoridades sanitarias por razones de salud pública
Los jueces de Madrid están listos para ordenar el ingreso forzoso en unidades de aislamiento de las personas sospechosas de poder haber recibido el virus del ébola y que sin embargo se nieguen a aceptar las normas de prevención y el tratamiento.
Según ha sabido El Confidencial Digital, los treinta y cuatro jueces de lo contencioso-administrativo de Madrid están ya preparados ante posibles peticiones de las autoridades sanitarias por razones de salud pública (ébola) que supongan una limitación o afectación de cualquier derecho o libertad pública.
Estos magistrados tienen competencia, entre otras atribuciones, para acordar el ingreso o el internamiento de personas que puedan estar infectadas por el virus del ébola y que se niegan a aceptar el correspondiente tratamiento sanitario, o acordar cualquier imposición que pueda afectar a su integridad física.
La alarma saltó en la judicatura desde que el martes la Consejería de Sanidad solicitó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid que autorizara la entrada en el domicilio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, a los efectos de aprehender a su perro, Excalibur, que podría estar contagiado por el virus, y proceder a su sacrificio.
El juez dictó un auto autorizando con carácter urgente la medida, una decisión que limitaba un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio particular.
Desde entonces, han sido varias las reuniones informales de los miembros de la judicatura de lo contencioso, ubicados en la céntrica calle madrileña de Gran Vía, para unificar criterios jurídicos dirigidos al control de las medidas sanitarias que se adopten por razones graves de salud pública y que puedan afectar a las libertades de los ciudadanos.
Los jueces temen que esta crisis sanitaria se pueda ir extendiendo y que, por tanto, se haga necesaria la actuación judicial en casos de negativa a recibir el tratamiento o al internamiento en un centro sanitario.
