Miércoles 23/08/2017. Actualizado 01:00h

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Navarra

Asegura que se despreció la salud e integridad física

Denuncia contra el jefe de la Guardia Civil en Navarra por ignorar la prevención de riesgos laborales

Navarra

Un agente lleva a los tribunales el caso de la rejilla para perros que se colocó en un coche de la Benemérita para transportar bultos

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Los conflictos en la comandancia de la Guardia Civil en Navarra llegan a los tribunales. Un agente ha presentado una denuncia en un juzgado de instrucción de Pamplona contra el coronel jefe de la zona y contra otro mando del Instituto Armado por la rejilla que se instaló en un vehículo del cuerpo.

El coronel Juan Luis Pérez, jefe de la Guardia Civil en Navarra, con Yolanda Barcina. El coronel Juan Luis Pérez, jefe de la Guardia Civil en Navarra, con Yolanda Barcina.

Hace varios meses, El Confidencial Digital ya contó el estupor que había provocado entre los agentes del Grupo de Apoyo en Tecnologías de la Información (GATI) de Navarra la decisión de un superior para solucionar el problema del peligro que suponía transportar herramientas, cajas y otros utensilios en la parte trasera de un coche todoterreno.

Como forma de proteger a los agentes que circulaban en este coche para trasladar materiales, el coronel jefe de la comandancia de Pamplona decidió instalar una rejilla de aluminio en el maletero: una rejilla como las que se colocan para llevar perros u otras mascotas en los coches.

Este caso ha llegado ahora a los tribunales por la denuncia que un agente de la comandancia ha presentado en un juzgado de instrucción de Pamplona.

Vulneración de derechos fundamentales

El Confidencial Autonómico ha tenido acceso al texto de la denuncia que a finales de diciembre presentó en el juzgado un guardia civil destinado en Navarra. La acción judicial va dirigida contra el coronel jefe de la Guardia Civil en la comunidad foral, Juan Luis Pérez Martín, y el teniente general jefe del Mando de Operaciones, Pablo Martín Alonso.

El agente denunciante explica que en febrero de 2014 presentó un escrito al Órgano de Prevención de Riesgos Laborales de la Zona de Navarra advirtiendo de que el transporte de cargas con el Nissan Terrano asignado suponía un riesgo para los agentes y también para los objetos que se transportan en ese coche, ya que en caso de accidente éstos pueden salir proyectados y golpear a los ocupantes del vehículo.

Como se ha señalado antes, el coronal jefe de la zona valoró que la solución ante la probabilidad de proyección de objetos desde la zona trasera era instalar una reja para aislar el transporte de personas y cosas en el vehículo.

El guardia civil que ha presentado la denuncia asegura que la reja instalada se comercializa como un separador de perros: además, sólo se instalaron unas bridas de plástico para tratar de evitar que se movieran los soportes de sujección de la reja. De hecho, el propio fabricante señala que esa reja estaba diseñada, en todo caso, para contener cargas livianas: si se quisiera utilizar paquetes de gran peso, se exigiría atornillar la reja, lo que no se hizo con este vehículo de la Guardia Civil.

El siguiente paso fue presentar un escrito de alegación, en el que este agente de la Benemérita destinado en Navarra aseguraba que en caso de accidente de circulación la reja colocada no evitaría que la carga invadiera el habitáculo del conductor y los acompañantes, con el consiguiente riesgo para la salud, integridad física y vida de los guardias civiles.

El coronal jefe, Juan Luis Pérez Martín, desestimó las alegaciones de este agente, que recurrió ante el jefe del Mando de Operaciones. La respuesta fue la misma: se desestimó el recurso.

Por todo ello, el último paso ha sido presentar esta demanda en un juzgado de Pamplona contra Juan Luis Pérez y Pablo Martín “por vulnerar derechos fundamentales de las personas”, según aduce el denunciante en el documento consultado por ECA. Este agente asegura que ambos mandos de la Guardia Civil mostraron “el desprecio más absoluto por la salud, la integridad física y la vida de sus subordinados estando legalmente obligados por sus respectivos cargos a la especial protección de los mismos”. También los acusa de dictar resoluciones de forma arbitraria a sabiendas de su injusticia, es decir, de un delito de prevaricación.

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