Martes 19/09/2017. Actualizado 01:00h

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Pais Vasco

El antiguo Ejecutivo de Patxi López recibe una reprimenda del Tribunal de Cuentas por varias adjudicaciones. Se otorgaron 29 millones en contratas en 2011 y 8,8 en subvenciones directas

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Esta semana el Tribunal de Cuentas del País Vasco ha emitido su informe sobre el gasto público de la región en el ejercicio de 2011, bajo la gestión del socialista Patxi López. Además de contener una referencia a las "discrepancias" existentes entre el Gobierno vasco y la Administración central acerca del cupo económico, el texto recoge ciertas irregularidades en la concesión de contratas.

“No observar los principios de publicidad y concurrencia, continuar prestando el servicio una vez vencido el plazo, fraccionamiento indebido”. Éstas son las principales anomalías que ha detectado en su informe del año 2011, recién publicado, en la gestión del Gobierno vasco, presidido en aquel momento por el socialista Patxi López.

Según el documento consultado por El Confidencial Autonómico, la principal crítica del órgano auditor tiene que ver con un uso sin justificar del procedimiento excepcional –previsto en el artículo 24.4 de la Ley 14/1994 de Control Económico y Contabilidad de la autonomía– en gestiones que alcanzaron un importe de 29,4 millones que no contaron con la aprobación de la Oficina de Control Económico.

El informe detalla que esos importes engloban dos contratos de obras por 2 millones de euros, 37 contratos de servicios por 7,5 millones de euros, nueve contratos de suministros por 18,4 millones de euros, dos convenios por 0,2 millones de euros y ayudas por la paralización definitiva de un buque por 1,3 millones de euros.

Opacidad en la concesión de subvenciones

Una de las recomendaciones del Tribunal se refiere a la adjudicación de varias ayudas, que deberían haberse realizado mediante “uno de los procedimientos que garantizan los principios de publicidad y concurrencia”.

Entre las subvenciones directas que otorgó el Consejo de Gobierno vasco en 2011 se encuentran las siguientes, que ascienden a un total de 8,8 millones de euros:

-- 0,2 millones de euros al proyecto ‘Comarca en Red’: llegaron a tres asociaciones de Desarrollo Rural sin que se explicase en expediente administrativo por qué no lo recibieron las otras 15 entidades que forman parte de la misma red

-- 0,7 millones de euros para dos cooperativas del sector de la remolacha

-- 1,1 millones de euros para rehabilitar un edificio, concedidos al Ayuntamiento de Gernika-Lumo

-- 1,5 millones de euros a varias federaciones y asociaciones de centros de impulso al trilingüismo durante el curso 2011-2012

-- 2,3 millones para adquirir equipos científico-tecnológicos a la Universidad de Deusto

-- 3 millones a la Universidad del País Vasco para apoyar a investigadores

Otro caso relevante tiene que ver con el contrato de construcción de 70 viviendas sociales en San Sebastián. Se adjudicaron por 6,8 millones de euros y el presupuesto final se ‘infló’ prácticamente un 36% más.

Según el TCPV supone “una trasgresión de los principios licitatorios” recogidos en la ley ya mencionada. Cualquier aumento en el montante debe justificarse, especialmente si obedece a “causas imprevistas o sobrevenidas” (artículo 202 de la ley).

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