En el marco de las negociaciones para apoyar los Presupuestos

El PNV presiona para que el Gobierno construya la cárcel de San Sebastián

El centro penitenciario, que se ubicará en Zubieta, tiene un presupuesto de 113 millones de euros y está pendiente desde hace seis años

El Gobierno Vasco tiene más cerca que nunca hacerse con la gestión de las cárceles, después de la última oferta realizada desde Moncloa en el marco de las negociaciones para el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu, no obstante, ha puesto una nueva condición antes de asumir esas competencias: que el Estado construya previamente la nueva cárcel de San Sebastián, asumiendo por supuesto el coste de las obras.

Según cuentan a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en Moncloa, las conversaciones entre los gobiernos central y vasco han continuado celebrándose tras los acuerdos entre el PP y el PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2017 y la aprobación de un nuevo Plan Quinquenal para el llamado cupo vasco.

En esas nuevas negociaciones, que son de facto el punto de partida para ir preparando el apoyo del PNV a las cuentas de 2018, Mariano Rajoy ha planteado transferir al País Vasco dos importantes competencias: la Seguridad Social y las prisiones.

Ambas han sido reivindicadas históricamente por los nacionalistas vascos. Sin embargo, ahora, sobre las prisiones, han sorprendido al Gobierno con una nueva condición para aceptarla: que antes se construya la nueva cárcel de San Sebastián, y que sea el Estado el que asuma el gasto de las obras. 

Un retraso de seis años

Las fuentes consultadas por ECD reconocen que, efectivamente, la construcción de una nueva cárcel en San Sebastián, ubicada en Zubieta, viene de lejos. Concretamente, desde el 2011. Ese año, el Gobierno de Zapatero aprobó el proyecto, con el objetivo de acabar con los problemas de sobrepoblación que padecían las prisiones vascas.

En concreto, y según el concurso público que realizó el Ejecutivo entonces, el centro penitenciario dispondrá de hasta 588 celdas para los internos, con lo que, si fuera necesario, podría albergar hasta 1.100 reclusos. Además, contará con modernas instalaciones deportivas, aunque en la legislatura pasada se descartó la construcción de una piscina.

El proyecto sedujo desde el primer día al Gobierno Vasco, pero desde ese año 2011 apenas ha habido avances. Una vez adjudicadas las obras, se ha ido posponiendo la licitación definitiva, después de que en 2013 el Ejecutivo central paralizara todos los trámites debido a la crisis económica.

Las fuentes consultadas explican que la licitación de hace tres años ya no es válida, porque han cambiado las condiciones de contratación desde entonces. Por tanto, está pendiente licitar de nuevo las obras y ponerlas en marcha. Un procedimiento que Moncloa fijó para este año, con lo que la cárcel podría no estar listas hasta el final de la presente legislatura en 2019.

113 millones de gasto

Desde el Gobierno Vasco se muestran dispuestos a asumir ese nuevo retraso, con tal de que la cárcel esté operativa en dos años. Pero entienden que debe ser el Estado el que se encargue de la realización y financiación de las obras, puesto que aún tiene la competencia de Prisiones.

Esta última exigencia es significativa, ya que el montante total del proyecto asciende a 113 millones de euros. Un importe considerable que, además, se ha elevado en los últimos años ya que el presupuesto inicial era de 91 millones.

 

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu entiende que el retraso de ese proyecto, y los sobrecostes derivados, son “responsabilidad del Estado”, por lo que debe ser el Gobierno central el que asuma los costes. Moncloa, por su parte, todavía no ha dado una respuesta a los nacionalistas vascos, por lo que las negociaciones no han avanzado en ese punto.

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