Patxi López va a demandar a Manuel Cháves para conseguir que la población de Ontón sea considerada parte del País Vasco. El ministro ratificó que la localidad era cántabra

El Departamento de Justicia del País Vasco, a instancias del lehendakari Patxi López, ha iniciado los trámites para denunciar al Ministerio de Política Territorial de Manuel Cháves. El vicepresidente tercero del Gobierno ratificó que la población de Ontón pertenecía a Cantabria y no a Euskadi. Tal y como informó este confidencial -véalo aquí-, el presidente vasco decidió presentar un recurso contencioso-administrativo contra la orden de Manuel Cháves el pasado mes de octubre, pero el equipo del lehendakari ha presionado al Departamento de Justicia para dar un paso más: en unas semanas la Audiencia Nacional recibirá una demanda contra el ministro. "El recurso ya se envió hace unas semanas, pero creemos que no es suficiente, por lo que hemos decidido interponer una demanda contra el ministerio de Política Territorial, dirigido por Manuel Cháves". Estas palabras pertenecen a una voz autorizada del Gobierno vasco, consultada por El Confidencial Autonómico. La misma fuente explica que ya se han iniciado las gestiones para llevar a cabo la instancia: "estamos a la espera del expediente administrativo para poder realizar la demanda, pero deben presentar sus alegaciones otros organismos". Así, según ha podido saber este ECA, el Departamento de Justicia del País Vasco se ha puesto en contacto con todas las administraciones implicadas en este asunto para que presenten sus alegaciones. Los impulsores de la demanda son conscientes de que tanto la Diputación de Vizcaya como el ayuntamiento de Muskiz van a colaborar con la causa, pero temen las respuestas procedentes de la alcaldía de Castro Urdiales, pueblo de Cantabria al que Cháves asignó la propiedad de Ontón. "Queremos que las alegaciones estén cuanto antes para poder interponer ya la demanda, porque este asunto se está alargando demasiado" comentan a ECA trabajadores de Justicia en el País Vasco, que sentencian: "queremos que la Audiencia Nacional sea la que tenga la última palabra".

 

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