Los sindicatos de instituciones penitenciarias recelan de las maniobras para recolocar a los 2.000 escoltas en paro del País Vasco. Sospechan de una privatización que no los ‘reciclará’
La última reunión entre representantes del Gobierno y de los trabajadores de los centros penitenciarios ha encendido la alarma por una posible privatización. Los sindicatos critican que el plan para implantar seguridad privada en las prisiones que les ha expuesto la Secretaría de Estado sólo pretende "generar beneficios para determinadas empresas". Afirman que no servirá para dar trabajo a los escoltas que protegían a amenazados por ETA en País Vasco y Navarra, que dejaron de trabajar hace aproximadamente un año.
La decisión del Gobierno de contratar los servicios de seguridad exterior con empresas privadas fue recibida con escepticismo por parte de los cuerpos de administración de instituciones penitenciarias (ACAIP) y por la Asociación Española de Escoltas.
Después de una reunión entre la Secretaría de Estado y los representantes de ACAIP esta semana, éstos denuncian que con ese plan sólo se está abriendo la puerta a una “peligrosa privatización” de la vigilancia de estos centros.
Por su parte, fuentes de la Asociación de Escoltas indican a El Confidencial Autonómico que “jamás” han recibido “una notificación oficial” o un compromiso escrito sobre la manera en que sus efectivos serían ‘trasvasados’ a tareas de vigilancia en cárceles.
“No se va a contratar a ningún escolta, sino a agentes de seguridad, que evidentemente son mucho más baratos”, explican a ECA fuentes de ACAIP. Desde la primavera de 2012, más de 2.000 escoltas dejaron de proteger a políticos y personalidades del País Vasco y Navarra.
La intención del Gobierno era ‘reciclarlos’ en la vigilancia de prisiones, pero para los sindicatos “ese argumento también es falso”. Los escoltas explican que no ha habido reuniones o notificaciones sobre su reubicación con la Administración después de que se prescindiera del 70% de ellos por el cese de actividad de ETA.
“Los escoltas protegen personas, no instalaciones, pero claro que podrían encargarse de vigilar las prisiones”, comentan las fuentes consultadas. “Pero para eso tendrían que acudir directamente a las empresas privadas y concurrir a sus ofertas de trabajo”, añaden.
“Desde la Secretaría de Estado nadie nos ha dicho nada”, afirman los escoltas: “Lo que sabemos es por haberlo visto en los medios de comunicación”.
La privatización, una sospecha creciente
“Realmente lo que se ha pretendido es mantener los beneficios de empresas de seguridad”, indican los responsables de instituciones penitenciarias. “Son un grupo de presión muy poderoso e íntimamente ligado al PP”, aseguran fuentes de ACAIP, que definen las maniobras de la Secretaría de Estado como “una práctica inmoral”.
“De todos es conocido que algunas familias del Partido Popular tienen intereses económicos en estas empresas”, critican. “Esta misma discusión ya llegó a los tribunales en el País Vasco”, recuerdan, en un contencioso que enfrentó en su momento a Jaime Mayor Oreja, entre otros, con Xabier Arzalluz (PNV).
“Por una parte la Administración recorta los contratos de limpieza y por otra se contrata a empresas de seguridad privada para dar un servicio que ya está cubierto por la Guardia Civil”, se lamentan los trabajadores. Añaden que los contratos de empresas de seguridad se dan por motivos de confidencialidad “a empresas afines” y “no se sacan a concurso público”.
