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Andalucía

Griñán se ‘salva’ de una nueva investigación gracias a IU. La coalición evita una comisión extraordinaria sobre los 40 millones ‘fantasma’ de la sociedad pública Invercaria

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La sociedad de capital riesgo Invercaria, propiedad de la Junta de Andalucía, está siendo investigada por la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Sevilla. El jueves se llevó a pleno la formación de una comisión parlamentaria, promovida por el PP, pero no ha prosperado. Izquierda Unida ha afirmado que "no quiere exponerse" a otra "comisión fracasada" como la de los ERE, y ha votado en contra a pesar de incumplir su programa electoral, que fue firmado ante notario.

La gestión de la empresa pública de Inversión y Gestión de Capital de Riesgo de Andalucía, Invercaria, entre los ejercicios 2005 y 2010 no va a ser investigada en el Parlamento regional. Existe un proceso judicial abierto, pero los vetos de PSOE e IULV-CA han imposibilitado que prospere la creación de una comisión parlamentaria.

Según indican fuentes del PP andaluz a El Confidencial Autonómico, “en Izquierda Unida ya hablaron de que iban a votar en contra de esta comisión parlamentaria durante la Junta de Portavoces” a comienzos de esta semana. El grupo socialista se opuso desde el primer momento.

“Estamos ante un auténtico caso de doble moral, ya que hace año y medio sí estaban a favor de las investigaciones”, recalcan los populares. Según han denunciado, “en torno a 40 de los 65 millones que manejó Invercaria en total” quedaron “fuera de cualquier norma que calculase el procedimiento sobre cómo invertir el dinero público”.

Los diputados del PP han llevado al Parlamento “la misma iniciativa contra el veto a las comisiones de investigación” que planteó la federación de izquierdas en marzo de 2011. De hecho, en aquel momento el entonces candidato de IULV-CA, Diego Valderas, firmó ante un notario en Jaén un contrato con el compromiso de cumplir su programa electoral.

Entonces Valderas afirmó ante los periodistas que con aquel contrato “los andaluces podrán exigir a IU lo que se ha firmado hoy”.

Como se puede leer aquí, en el segundo punto del texto, propone una reforma del reglamento del Parlamento “para que nadie pueda vetar una comisión de investigación en su seno”.

¿Qué pasó en Invercaria?

La sociedad Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, Invercaria, es una empresa pública, financiada y gestionada por la consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Es propiedad de la Agencia IDEA, una entidad que ya se vio implicada en el caso de los EREs fraudulentos.

La Cámara de Cuentas denunció en enero de 2012 “irregularidades en la gestión de Invercaria que habían tenido lugar hasta el año 2009. Existía un fondo que repartía dinero público entre empresas “de forma discrecional y al margen de los procedimientos administrativos”.

“Existían varios ‘mochileros’: personas que cobraban de Invercaria y ni siquiera trabajaban allí”, denuncian desde el PP. “Se trata de una estructura paralela de la Administración socialista, exactamente igual que la que salió a la luz en el caso de los EREs”, añaden.

Ese informe de la Cámara dio pie a una investigación, aún abierta, en el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla en el que trabajan la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional.

En una grabación presentada como prueba en el caso de los EREs, la ex presidenta de Invercaria, Laura Gómiz Nogales, reconocía las irregularidades de esta empresa pública e implicaba al Gobierno de José Antonio Griñán: “Los que están por encima saben lo que hay en Invercaria”, aseguró.

Según la Cámara de Cuentas, Invercaria repartió dinero a empresas que no lo solicitaban, a otras vinculadas con antiguos altos cargos del PSOE y a compañías que cerraban ‘misteriosamente’ tras recibir el dinero.

También se investigan las cuentas de otro antiguo responsable de esta sociedad, Tomás Pérez Sauquillo, que gastó en 2009 un total de 24.624 euros en restaurantes, a cargo de una tarjeta VISA de la administración, según consta en los extractos bancarios a los que tuvo acceso el PP andaluz.

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