El Parlamento Europeo examinará una denuncia ciudadana sobre la calidad del agua que se depura en Granada

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido examinar la documentación sobre una supuesta infracción relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas por parte de la empresa Emasagra de Granada. En las cercanías de la ciudad de Granada, en el municipio de Churriana, existe una depuradora de aguas conocida en la zona por el "hedor" que emite en sus labores de recuperación de agua, algo normal, teniendo en cuenta que a los alrededores hay varias explotaciones ganaderas que generan gran cantidad de purines -parte líquida del estiércol-. La depuradora pertenece a la empresa Emasagra, que opera en la provincia de Granda desde 1982 ofreciendo los servicios del ciclo integral del agua -es decir, recuperación de agua sucia o contaminada-. Una de las explotaciones de producción de leche, pertenecientes a Puleva Foods S.L -EbroPuleva-, utiliza diversos procedimientos para tratar el agua con purines que luego van directamente a la depuradora de aguas urbanas comunitaria de Granada. Un ciudadano granadino, Javier Gómez, ha emprendido una cruzada personal contra esta empresa al considerar que la explotación ganadera debería disponer de su propia depuradora, y no mezclar así su agua con la del resto de la población, ya que "el diseño de esta depuradora no permite alcanzar los objetivos medioambientales de la Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas". Gómez comenzó a recopilar datos y a solicitarlos a las autoridades competentes, como el ayuntamiento de Granada. Pero se le presentaron "obstáculos": Le pedían que explicase claramente el motivo de su consulta. Según la directiva vigente en la Unión Europea, todas las empresas de tratamiento de aguas, así como las autoridades e instituciones involucradas en este proceso, deben acceder a la petición de información de cualquier ciudadano, sin explicitarse el motivo de dicha petición. La Unión Europea ya ha incoado varios expedientes a esta empresa depuradora, considerando que "no cumple los valores establecidos en la Directiva", y proponiendo que estas aguas "deberían calificarse de zonas sensibles". El próximo 28 de Enero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examinará esta denuncia, promovida por el propio Javier Gómez, para determinar si se abre un expediente y se toman medidas cautelares contra los presuntos infractores.

 

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